EFE
BOGOTÁ, Colombia.- La exsenadora colombiana Piedad Córdoba interpuso una demanda contra el Estado por el caso de las escuchas ilegales realizadas por el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), del cual fue víctima, y pidió una indemnización de 3.25 millones de dólares.

La demanda fue interpuesta por la exsenadora contra diversos organismos del Estado: la Presidencia, el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional y el DAS, la desarticulada agencia de inteligencia colombiana, por los daños y perjuicios que le causaron las escuchas y seguimientos ilegales.

Córdoba reclama al Estado una indemnización de 6,000 millones de pesos colombianos (3.25 millones de dólares), según medios locales.

El escándalo de las escuchas ilegales o "chuzadas" saltó en febrero de 2009, cuando los medios locales denunciaron que el DAS hacía seguimientos ilegales y escuchas ilícitas a magistrados de la Corte Suprema, periodistas y opositores al expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), entre ellos a Córdoba.

De hecho, el exsecretario general de la presidencia Bernardo Moreno y la exdirectora del DAS María del Pilar Hurtado, dos de los mayores colaboradores del expmandatario, enfrentan juicios por este caso.

Por este escándalo, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, suprimió el organismo a finales de 2011.

La exsenadora fue destituida de su cargo el 27 de septiembre de 2010 y fue inhabilitada por la Procuraduría para ejercer cargos públicos por vínculos con las Fuerzas Armadas Revolucionaras de Colombia (FARC).

Estaba previsto que a lo largo del día se adelantara la audiencia de conciliación ante la Procuraduría General por la demanda de la exsenadora.