Agencias
WASHINGTON, D.C.- Jefes de policía y alguaciles de 24 ciudades urgieron al Congreso a rechazar propuestas que vinculan el financiamiento presupuestal federal a que se les obligue a realizar funciones migratorias.

El llamado se realizó un día antes de que se vote en la Cámara de Representantes la iniciativa HR 3009, que plantea retirar fondos a las “ciudades santuario”, que dejan al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) la aplicación de las leyes migratorias.

En una misiva, los jefes policiales expresaron su preocupación por la muerte de la joven Kathryn Steinle, en San Francisco, California, en julio pasado, a manos del indocumentado de origen mexicano Juan Francisco López Sánchez, crimen que dio origen a la propuesta, de acuerdo con Notimex.

“Aun antes de este trágico incidente, hemos estado alarmados por varias propuestas legislativas que intentarían imponer políticas ‘unitalla’ no efectivas, que causarían gran daño a nuestros departamentos y comunidades”, señalan los firmantes.

La carta dirigida al presidente del Subcomité de Inmigración y Seguridad Fronteriza de la cámara baja, Troy Gowdy, indica que esas iniciativas no sólo quitarían fondos a las agencias de seguridad en las ciudades santuario, sino convertirían a los policías estatales y municipales en agentes migratorios.

Recordó que la aplicación de la ley migratoria es responsabilidad federal y que, si se le adjudica a autoridades estatales y municipales, se desviarían sus recursos limitados para la seguridad pública.

Necesidades particulares

Asimismo los firmantes piden a los legisladores rechazar medidas que van en contra del Programa de Prioridad de Aplicación de la Ley con el que el gobierno federal busca sustituir las fallas del anterior conocido como Comunidades Seguras.

Apuntaron que muchos departamentos de policía ya están cooperando con el DHS para implementar el nuevo programa, porque reconoce la necesidad de ajustarse a las necesidades particulares de cada jurisdicción.

“Nuestros desafío de inmigración es nacional, merece una acercamiento nacional y continuamos reconociendo que nuestro sistema disfuncional necesita una solución legislativa permanente”, remarcaron.

Algunos de los firmantes son funcionarios en estados donde las legislaciones migratorias son más intolerantes, incluyendo el alguacil Tony Estada, del condado de Santa Cruz, en Arizona, o Lupe Valdez, del condado de Dallas, en Texas.

Decepción

El lunes pasado, los padres de Steinle, en entrevista con la prensa local, señalaron que las autoridades en San Francisco los decepcionaron, porque dejaron en libertad a López Sánchez, quien había sido deportado en cinco ocasiones.

Pidieron que se aplique una sentencia mínima de cinco años a aquellos inmigrantes que vuelven a entrar a Estados Unidos de manera ilegal.

El comentarista conservador Bill O’Reilly de esa televisora está recolectando firmas para que se apruebe la llamada Ley Kate.