Detienen a políticos por nexos con paramilitares

Arrestan a alcalde, excandidatos al Senado nacional, exconcejales, líderes políticos, cívicos y servidores públicos de la región de Urabá.

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William Palacio Valencia, alcalde del puerto de Turbo en Colombia fue uno de los detenidos por relacionarse con grupos paramilitares. (Facebook William Palacio Valencia)
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Agencias
BOGOTA, Colombia.- Veintisiete personas, entre ellas algunos políticos, fueron capturadas por sus nexos con grupos paramilitares, informó el miércoles la Fiscalía colombiana, según informó Associated Press.

Uno de los detenidos es William Palacio Valencia, alcalde del puerto de Turbo en el Caribe colombiano y a unos 485 kilómetros al noroeste de Bogotá, explicó la Fiscalía General en un comunicado.

También fueron arrestados excandidatos al Senado nacional, excandidatos a la Asamblea departamental de Antioquia, exalcaldes, exconcejales, líderes políticos, líderes cívicos y servidores públicos de la región de Urabá.

Todos, según la Fiscalía, están presuntamente vinculados con los paramilitares del llamado bloque "Elmer Cárdenas" de las desmovilizadas Autodefensas Unidas de Colombia.

Según la investigación, estas personas se encuentran vinculadas al bloque paramilitar liderado por Freddy Rendón Herrera, alias "el Alemán", y que en el sector bananero de los departamentos de Antioquia, Córdoba y Chocó "promovió un movimiento político que vinculó a gran cantidad de dirigentes de la zona del Urabá".

Las detenciones se produjeron en al menos nueve localidades del noroeste colombiano.

Desde fines de 2006 la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía investigan los lazos entre la clase política y las bandas paramilitares, acusadas de centenares de homicidios, de traficar drogas y del desplazamiento de miles de campesinos.

Cabe mencionar que, no es la primera vez que el alcalde del puerto de Turbo en el Caribe colombiano, William Palacio Valencia, tiene problemas con la ley. 

El pasado 22 de mayo publicó en su facebook una sentencia revocada que lo condenaba a 4 años de prisión domiciliaria por la contratación indebida de la compra de unos kit escolares

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