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CARACAS, Venezuela.- Los presos políticos recluidos en El Helicoide, la sede del Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional) en Caracas, se han amotinado por segunda vez este año para pedir a las autoridades venezolanas que sean liberados. "Si ocurre una masacre, responsabilizamos al Gobierno (...) No hay negociación, ya no vamos a hablar con ningún comisario, sino directamente con Fiscalía", ha dicho Fred Mavares, un ex policía arrestado, en un vídeo difundido por medios venezolanos.

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Su advertencia se produjo tras el ingreso de un grupo de la Guardia Nacional Bolivariana, blindado con equipos antimotines, el lunes a las instalaciones penitenciarias. No se reportan heridos o enfrentamientos con armas, pero los familiares y los abogados de los reos se han acercado a El Helicoide para exigir que se respeten sus derechos.

Los detenidos han asegurado que tienen el control de los calabozos. Durante su protesta han arrancado rejas y generado otros destrozos. Su petición es que sean visitados por la Comisión de la Verdad de la chavista Asamblea Nacional Constituyente para evaluar su situación. "Es la única garantía que tenemos para que nos resuelvan los problemas", ha dicho uno de los amotinados en una grabación divulgada este martes.

Abogados y activistas de derechos humanos en Venezuela aseguran que existen 18 presos políticos en los calabozos del Sebin en Caracas. Se trata de Luis Alberto Navas, Manuel Chacín, Juan Guevara, Otoniel Guevara, Rolando Guevara, Reggie Andrade, Rafael Romero, Yelut Naspe, Heber Ramírez, Jorgmanth Linares, Michael Vargas, Agustín Torres, Fred Mavares, Anderson Castillo, Gilbert Pérez, Reinaldo Rodríguez, Jorman Ortiz y Lorent Saleh.

Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, ha alertado de que la vida e integridad de estos prisioneros está en riesgo. "Las personas ahí detenidas no pueden seguir incomunicadas, y aquellas que tienen boletas de excarcelación deben ser liberadas de inmediato. El Sebin no puede seguir violando impunemente los derechos humanos", ha agregado.

Los reclusos denuncian que están incomunicados desde hace más de 55 días. Sus defensores suponen que se trata de represalias por haberse alzado entre el 16 y el 18 de mayo pasados, cuatro días antes de las cuestionadas elecciones presidenciales de Venezuela. Días después, el Gobierno de Nicolás Maduro ordenó liberar o conceder arresto domiciliario a varios de los presos que se rebelaron, entre ellos el estadounidense Joshua Holt y Daniel Ceballos, exalcalde de San Cristóbal en el Estado andino de Táchira.

Las celdas de la Policía política en Caracas son señaladas por ser centros de torturas y tratos crueles. Organizaciones de derechos humanos han exigido al Gobierno que cese estas prácticas contra opositores.

En este motín, los prisioneros solicitan que sean evaluados sus casos de manera imparcial. Mavares es un comisario de la Policía del municipio caraqueño de Chacao que fue capturado junto a 13 agentes y un civil por presuntamente estar involucrados en el asesinato del periodista chavista Ricardo Durán, exdirector de prensa de la Asamblea Nacional, en 2016. A pocos meses de su arresto la Fiscalía dictaminó excarcelar a los policías por falta de pruebas, pero esta decisión judicial no se concretó hasta diciembre de 2017.

Ese mes fueron liberados 12 de los 14 de los agentes arrestados. Solo Mavares y otro oficial continuaron encarcelados por motivos desconocidos. Su madre, Ana Zambrano, ha afirmado que el comisario se encuentra enfermo y sin atención médica.

Su reclamo es respaldado por activistas. Alfredo Romero, director de la ONG Foro Penal Venezolano, ha informado de que dos de los detenidos por motivos políticos que se encuentran en amotinados tienen boletas de excarcelación y muchos están enfermos. Los retardos procesales son frecuentes en el sistema judicial venezolano, pero una de las principales críticas a la Fiscalía es que carece de autonomía al momento de tomar decisiones desfavorables al chavismo