19 de Octubre de 2018

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Por primera vez envían a juicio un vicepresidente en activo

Amado Boudou es acusado de falsificación de documento público de un vehículo que forma parte de una disputa legal con su exesposa.

Imagen del vicepresidente de Argentina, Amado Boudou, a quien un juez local le elevó este jueves a juicio oral la causa por la presunta falsificación de un documento público. (Archivo/EFE)
Imagen del vicepresidente de Argentina, Amado Boudou, a quien un juez local le elevó este jueves a juicio oral la causa por la presunta falsificación de un documento público. (Archivo/EFE)
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EFE
BUENOS AIRES, Argentina.- En una decisión sin precedentes en Argentina, un juez envió este jueves a juicio oral al vicepresidente, Amado Boudou, por la presunta falsificación de documento público, mientras aumentan las voces en la oposición que piden que sea apartado de su cargo ante el silencio del Gobierno de Cristina Fernández.

El juez Claudio Bonadio, que también investigó presuntas irregularidades en una de las empresas de la presidenta argentina, dictó la elevación a juicio de la causa tras el rechazo del planteo de nulidad presentado por la defensa del vicepresidente, informó hoy el Centro de Información Judicial.

La decisión, que convertirá a Boudou en el primer vicepresidente en activo en ser juzgado, se dio a conocer un día después de su participación en la Cumbre del Clima en Lima, donde encabeza la delegación argentina.

El presunto delito que ha derivado en su enjuiciamiento está penado con entre uno y seis años de cárcel en el Código Penal argentino y es además el menos importante de los que se le imputan a Boudou.

La acusación se centra en la presunta falsificación de la documentación de un vehículo Honda tras diez años de uso que, además, forma parte de una disputa legal entre Boudou y su exesposa Daniela Andriuolo quien le reclama la mitad del valor como parte de la división de bienes su el divorcio.

El juez también ordenó sentar en el banquillo de los acusados a Agustina Seguin, expareja del vicepresidente y quien utilizaba el auto, a la titular de un registro de la propiedad automotor y a dos gestores.

Boudou es investigado en una decena de causas y está procesado por presunto cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con su cargo

Según el fallo de Bonadío, el fiscal consideró acreditado que los acusados actuaron "asociadamente con la finalidad de lograr la transferencia irregular -mediante documentación falsa- del automóvil".

El vicepresidente tendrá que comparecer ante el Tribunal Oral Federal 1 de Buenos Aires, aunque se desconoce todavía la fecha de inicio del juicio.

El nuevo revés contra el vicepresidente llega tras un largo calvario en el que sus abogados han visto rechazados todos los recursos presentados ante la Justicia y la oposición ha endurecido las críticas contra el funcionario.

"Quiero que Boudou vaya preso", declaró la diputada opositora Elisa Carrió a la cadena TN.

"¿Qué más debe pasar en una República seria para que un vicepresidente se tome licencia y entregue todo su tiempo a resolver los problemas judiciales?", dijo el senador Luis Juez, del Frente Cívico al mismo canal, mientras que el radical Gerardo Morales pidió al Gobierno que deje de protegerle.

Además, Boudou es investigado en una decena de causas y está procesado por presunto cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con su cargo en otra causa de mayor envergadura que investiga la compra irregular de una imprenta de papel moneda cuando estaba al frente del Ministerio de Economía (2009-2011).

Pese a que se ha mantenido en un discreto segundo plano en los últimos tiempos, esta decisión judicial supone un golpe para el Gobierno de Cristina Fernández, principal valedora de Boudou, a menos de un año para las elecciones presidenciales.

Bonadío tiene en sus manos otras causas que incomodan al Ejecutivo argentino, en especial la investigación abierta a Hotesur, la firma que administra el hotel Alto Calafate y de la que es accionista la presidenta.

El magistrado investiga irregularidades en las presentaciones de Hotesur ante la Inspección General de Justicia (IGJ) y por las contrataciones ficticias de compañías del empresario Lázaro Báez, próximo al kirchnerismo.

Tras el avance de esta causa, el senador kirchnerista Marcelo Fuentes presentó a fines de noviembre una denuncia penal contra Bonadío por presunto enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

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