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Brasil.- La justicia brasileña prohibió hoy que los funcionarios públicos de las fuerzas de seguridad ejerzan el derecho a huelga, decisión tomada semanas después de una grave crisis de seguridad provocada por un paro policial que dejó decenas de muertos y escenas de saqueo.

 El Supremo Tribunal Federal (STF), máxima instancia judicial de Brasil, decidió este miércoles que policías civiles, federales y bomberos no podrán realizar cualquier tipo de huelga, aunque sí mantienen el derecho a sindicalizarse.

 De acuerdo con Notimex, el plenario del Supremo estimó por mayoría de 7 a 3 votos que el interés público de mantenimiento de la seguridad y paz social prevalece sobre los intereses particulares de algunas categorías de funcionarios públicos como las fuerzas del orden.

La policía militar –encargada de las acciones de seguridad pública diaria en Brasil- tiene en su reglamento prohibido el derecho a la huelga, pero los policías realizan en ocasiones paros encubiertos para evitar represalias como la expulsión del cuerpo o la apertura de expedientes disciplinarios.

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 En febrero una huelga encubierta de diez días de la policía militar del estado de Espíritu Santo provocó una oleada de violencia y asesinatos en los que murieron más de 150 personas, mientras en las redes sociales proliferaban vídeos de saqueos de decenas de comercios y supermercados.

 Los policías de este pequeño estado del sudeste del país exigieron un aumento de 43 por ciento de los salarios, así como material de trabajo nuevo, pero finalmente las autoridades rechazaron las demandas y condenaron el “chantaje”.

 En tanto, las decenas de asesinatos y las imágenes en redes sociales de inseguridad causadas por la huelga policial en Espíritu Santo provocaron indignación en todo el país, en una crisis en la que tuvo que intervenir el presidente Michel Temer.

 El paro, supuestamente protagonizado por las esposas y familiares de los policías que acamparon en las entradas de los cuarteles para impedir la salida de las patrullas, amenazó con extenderse a otros estados del país como Río de Janeiro, donde hay insatisfacción por el retraso en el pago de salarios vinculado a la crisis económica.