Agencias
QUITO, Ecuador.- La prohibición de difusión del libro "Una tragedia ocultada", sobre la matanza de 30 indígenas en la Amazonía ecuatoriana, avivó la crítica y el debate sobre la libertad de expresión en Ecuador y la decisión del gobierno de explotar el campo petrolero ITT en el parque nacional Yasuní, en la Amazonía.

El libro, lanzado el miércoles en Quito y escrito por el misionero capuchino Miguel Ángel Cabodevilla, la periodista Milagros Aguirre y el investigador italiano Massimo de Marchi, revela detalles de la matanza de al menos 30 taromenane perpetrada el pasado 29 de marzo en una zona del parque nacional Yasuní, en un supuesto acto de venganza entre grupos indígenas, informa ANSA Latina.

"Una tragedia ocultada" es una investigación sobre las matanzas de marzo en el Yasuní.

El 5 de ese mes, dos ancianos huaorani murieron lanceados presuntamente por grupos no contactados y 25 días después, al menos 30 taromenane murieron en una supuesta venganza y dos niñas fueron raptadas.

Minutos antes del lanzamiento, la jueza Hilda Garcés, de la unidad judicial de la Niñez y la Familia, por pedido del Defensor del Pueblo, prohibió la circulación del libro porque, dijo, incluía en su portada la foto de una de las niñas raptadas durante la matanza, que finalmente no fue incluida. En las redes sociales cientos de personas se mostraron indignadas por la celeridad con la que actuó en este caso la justicia y exigieron el mismo trato con los dos anuncios de televisión del gobierno.

En esos anuncios aparecen bebés en la campaña de defensa de la explotación del campo petrolero ITT en el parque nacional Yasuní y se recuerda el 30 de septiembre del 2010, cuando se registró una sublevación policial calificada por el régimen como "intento de golpe de Estado". Según la nueva Ley de Comunicación, los medios están impedidos de difundir la identidad e imágenes del rostro de menores de edad, para proteger sus derechos.

Echan para atrás decisión

Pero, justamente, al día siguiente de la decisión, el gobierno, que fue criticado tras la aprobación y puesta en práctica de la Ley de Comunicación, calificada como ley "mordaza" por la oposición, rechazó "total y absolutamente cualquier forma de censura, incluida el prohibir la circulación y difusión por cualquier medio de la obra 'Una tragedia ocultada'".

El gobierno declaró su solidaridad con los escritores "por lo que consideramos una acción abusiva de atropello a sus derechos constitucionales a través de la imposición de una ilegítima censura previa".

A pesar de la prohibición, el libro circuló a través de las redes sociales y recibió con la medida de la jueza un apoyo en su difusión, en momentos en que colectivos de indígenas y ecologistas rechazaron la decisión del gobierno de explotar el campo ITT en el Yasuní. Organizaciones como la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) expresaron no estar conformes con la explicación del gobierno de no estar ligado con la decisión de la jueza.

En ese sentido, consideraron que el libro "demuestra no sólo la existencia de pueblos en aislamiento voluntario en el Yasuní, sino la omisión de las autoridades gubernamentales por protegerlos, más aún, el riesgo eminente de desaparición a la que se ven expuestos por la decisión gubernamental de explotar petróleo en esta zona".

Además, consideraron que "tanto el pedido de la Defensoría del Pueblo como la decisión de la jueza están reñidos con principios básicos de derechos humanos".

Los autores expresaron su sorpresa ante la decisión y el viernes se reunieron con el Defensor del Pueblo, que ese mismo día emitió un comunicado en el que retrocedió en su decisión y reconoció que el libro no vulnera ningún derecho de las niñas, y dijo que pedirá que el libro pueda circular a la venta.

Cambian portada

En el día del lanzamiento, Aguirre señaló que en la publicación no se incluyó la portada prevista inicialmente con la foto de la niña y tampoco los nombres de las dos menores de edad.

"Hemos manejado con mucha cautela el tema de las niñas", dijo, y además, indicó que lo importante en este tema es que se investigue la matanza y no que se prohíba el libro.

Por su parte, Cabodevilla cuestionó que se prohíba la publicación de esta investigación.

"Las dos niñas taromenane están en las casas de los presuntos agresores de sus padres. ¿Es más importante protegerlas de que no salgan en una foto?", expresó.