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SANTIAGO, Chile.- En un país acostumbrado a ver escenas de enfrentamientos entre manifestantes y la policía, hay algo que alarma a muchos por lo inusual y deliberado: el uso de balines por parte de las fuerzas de seguridad para cegar a la gente que ha participado en las más recientes protestas que han sumido a Chile en su mayor crisis en la historia reciente.

El principal organismo médico de Chile tiene registradas a 230 personas que han perdido la vista tras recibir disparos en un ojo durante las manifestaciones que por prácticamente un mes han sacudido al país en demanda de mejoras sociales.

Y de ellas, al menos 50 necesitarán prótesis oculares. “Lo que significa que el paciente no sólo pierde la visión de su ojo, sino que pierde el ojo propiamente”, dijo a The Associated Press el doctor Patricio Meza, vicepresidente del Colegio Médico chileno.

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Los afectados tienen en promedio 30 años, el 85% de ellos son hombres. “En el 80% de ellos el daño está causado por el impacto en sus ojos un balín o de un perdigón”, aseveró Meza.

“Estamos frente a una verdadera crisis sanitaria, a una emergencia sanitaria, puesto que en tan pocos días, en tres semanas tenemos el mayor número de casos con complicaciones oculares severas por golpes en el ojo”, afirmó Meza.

Las protestas iniciaron tras un incremento al precio del boleto del subterráneo, pero rápidamente la gente comenzó a exigir cambios en distintas áreas para terminar la desigualdad que afecta al país e inclusive la modificación de la Constitución, aprobada en 1980, en plena dictadura militar.

En las manifestaciones es común ver a policías disparar sus escopetas antidisturbios, generalmente dirigidas al cuerpo. Meza afirmó que muchas veces “son disparadas en 90 grados, es decir, directo a la cara”.

Meza dijo que en otros países parecen seguirse los protocolos sobre el uso de escopetas antidisturbios. En Chile “claramente no se ha cumplido”.

El protocolo de la policía establece varios niveles de represión: Los dos primeros prevén realizar órdenes verbales de disuasión, luego el uso de la fuerza ante situaciones de resistencia activa, el uso de armas no letales frente a violencia activa y, por último, el uso de armas letales ante situaciones de resistencia activa potencialmente letales.

Desde el comienzo de la crisis chilena, el 18 de octubre, tanto el INDH como Amnistía Internacional y el propio Colegio Médico han exigido que se prohíba el uso de las escopetas antidisturbios de la policía, pero se han encontrado con un muro en el gobierno y en la propia policía.

Las Cortes de Apelaciones de Antofagasta, en el norte, y en Concepción, en el sur, prohibieron esta semana el uso de armas letales y balines contra personas que protesten pacíficamente en la ciudad.

Juan Manuel Zolessi, rector de la Universidad de Santiago, dijo que el consejo de rectores presentó un recurso de protección en tribunales “para impedir por la vía jurídica” el uso de balines y perdigones.

Sin embargo, el último caso registrado ocurrió el lunes cuando el universitario Vicente Muñoz protestaba en el centro de la ciudad. Su hermana Patricia relató que un policía le disparó a unos dos metros de distancia desde un carro lanza gases: perdió la visión del ojo izquierdo.

En el país sudamericano sólo tienen acceso al uso de escopetas antidisturbios las policías y el ejército.

El ministro de Salud, Jaime Mañalich, anunció el lunes un Programa Integral de Reparación Ocular “para las víctimas de la violencia política” que serán atendidos gratis, que considerará prótesis y atención sicológica.

La policía, en tanto ha informado de unos mil 200 policías heridos en los últimos 26 días. El INDH y las Cruz Roja local informan que los heridos civiles superan los 2 mil.