Agencias
SAN SALVADOR, El Salvador.- Hombres armados con fusiles irrumpieron el jueves en las oficinas de un organismo humanitario, robaron computadoras y quemaron los archivos con las denuncias de casi un millar de niños desaparecidos durante la guerra en El Salvador.

"Este es un claro sabotaje a nuestra labor, no sabemos qué documentos destruyeron y qué se llevaron, pero este es un atentado contra nuestro trabajo", dijo Ester Alvarenga, directora de Probúsqueda.

Un oficial de los bomberos nacionales, el sargento Armando Pineda, dijo a los periodistas al salir del local que "es un incendio provocado, quemaron archivos, pero aún estamos haciendo la investigación". Informó que los delincuentes usaron gasolina para quemar los archivos.

Alvarenga dijo que "aquí tenemos información muy valiosa... "Vamos a revisar todos los archivos para saber que han destruido y vamos hacer todas las investigaciones pertinentes, de adentro y de afuera".

La Asociación Probúsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos fue fundada por el sacerdote jesuita Jon Cortina para encontrar a los menores que desaparecieron durante la guerra civil salvadoreña (1980-1992).

En los casi 20 años de labor, Probúsqueda ha recibido 921 denuncias de niños desaparecidos durante el conflicto armado y ha podido establecer la identidad y paternidad de 382 mediante pruebas genéticas. Más de 235 personas ya se reencontraron con su verdadera familia, 95 ya fueron localizadas y están a la espera del reencuentro y 52 más fueron halladas muertas. Tiene en sus oficinas un banco con información genética de familiares de menores desaparecidos y aún tiene más de 500 casos por aclarar.

Uno de los vigilantes del lugar que pidió no ser identificado por temor a represalias, dijo que "ya eran casi las cinco de la mañana, tocaron a la puerta porque y un compañero (vigilante) estaba llegando" al trabajo.

"Cuando él me habló y me dijo abrí viejito, soy el vigilante, entonces abrí la puerta y entonces me cayeron, y a él lo tenían boca abajo", explicó.-

Luego dijo que los delincuentes los golpearon, "nos agarraron a patadas, nos amarraron y nos dijeron que si nos movíamos nos iban a matar. Luego solo escuchábamos los ruidos, abrían puertas, tiraban todo. Luego sacaron cosas, se oía el ruido y de repente sentimos el olor a gasolina y comenzó el fuego", relató.

Explicó que a su compañero no le quitaron el celular y como pudieron marcaron el número de emergencia y "así llegó la ayuda".

El Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, David Morales, pidió a la Fiscalía investigar todas las hipótesis y que "se asuma con responsabilidad seria la hipótesis de un atentado con finalidades políticas de intimidación contra la Asociación Probúsqueda a causa de su labor por la defensa de los derechos humanos".

Agregó que el ataque a Probúsqueda "denota planificación, denota que es un grupo organizado (que) incluso llevaban una medición del tiempo que debían estar dentro de la institución provocando el daño".

También dijo que no hay que descartar que el atentado esté vinculado al recurso presentado a la Corte Suprema de Justicia para que se declare inconstitucional la ley de amnistía que no permite juzgar a quienes cometieron graves crímenes durante la guerra.

Ley de Amnistia, invalidada

En el 2012, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró que la ley de amnistía carece de validez porque es contraria a la convención interamericana. Esto significa que no fue válida en ningún momento y por lo tanto tiene que dejar de ser un obstáculo para investigar, procesar y sancionar a los responsables de crímenes como la Masacre de El Mozote, donde los militares asesinaron en 1981 a un millar de campesinos

La ley de amnistía fue impulsada en 1993 por el presidente Alfredo Cristiani (1989-1994), pocas horas antes de que se divulgara un informe de la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas, que responsabilizó a los altos mandos militares de crímenes de guerra, entre ellos el asesinato de seis sacerdotes jesuitas en noviembre de 1989.

Al trascender el ataque a Probúsqueda, al lugar llegaron defensores de los derechos humanos y hasta familiares de las víctimas del conflicto armado que expresaron su indignación.

"Estos son actos de terrorismo, actos de terrorismo puro al estilo de los escuadrones dela muerte", afirmó Silvia Guillén ejecutiva de la Fundación para Estudios del Derecho.

En una reciente investigación de The Associated Press, Alvarenga dijo haber documentado al menos una decena de casos de menores que fueron hurtados por militares salvadoreños, de bajo y mediano rango, para quedarse con ellos, para regalarlos o para ofrecerlos en adopción a cambio de dinero.

Los menores fueron separados de sus familias después de los combates con la guerrilla que desplazaron a la población civil.

La asociación ha pedido al Ministerio de la Defensa Nacional que haga públicos los archivos de la guerra, que dan cuenta de los responsables de las operaciones castrenses.

Probúsqueda ha contactado a varios militares, la mayoría ahora en retiro, que se habrían quedado con niños que desaparecieron durante la guerra pero se han negado a practicarse las pruebas de ADN solicitadas.