EFE
FORT MEADE, EU.- El fiscal en el caso que se sigue en EU a Bradley Manning por filtrar información clasificada a Wikileaks desistió hoy de pedir la pena máxima (10 años) en uno de los 22 cargos contra el soldado, aunque bajo la acusación de "ayuda al enemigo" puede ser sentenciado a cadena perpetua.

El fiscal jefe, el capitán Ashden Fein, dijo hoy durante una vista preliminar, en la base de Fort Meade, que en el juicio militar, que comenzará el 3 de junio, no buscarán la pena de 10 años, la máxima posible, contra Manning por la filtración de un primer cable diplomático estadounidense, llamado "Reykjavik-13", a Wikileaks.

La fiscalía perseguiría ese cargo como "ofensa menos grave", lo que podría llevar acarreada una pena de dos años.

Manning se declaró culpable a finales de febrero de 10 de los 22 cargos de que le acusa el Gobierno estadounidense, los que suponen aceptar ofensas menos graves, equivalentes a 20 años de prisión, entre ellos el de filtrar otros cables del Departamento de Estado.

El cambio de estrategia del fiscal, que no fue explicado en la vista, no modifica la posibilidad de que Manning sea encontrado culpable también de la restante decena de otros cargos graves, entre ellos el de ayudar al enemigo, que le podría acarrear la cadena perpetua.

La filtración del cable diplomático "Reykjavik-13", en la que se especificaban intercambios entre un miembro de la embajada estadounidense en ese país y funcionarios del gobierno islandés fue supuestamente el comienzo de las filtraciones de Manning a WikiLeaks.

Hoy, en la que se espera sea la última vista preliminar antes del comienzo formal del juicio, la juez militar Denise Lind también reveló que Manning ya tiene acceso a parte de la información clasificada que podría ser presentada en su contra en el tribunal castrense.

Se espera que el juicio se prolongue durante unos cuatro meses, aunque hoy la juez recordó a la defensa y a la fiscalía que el procedimiento podría verse afectado por los recortes automáticos al presupuesto federal, ya que los trabajadores civiles que participan en la organización podría verse obligados a reducciones de jornada.