Agencias
MADRID, España.- Repsol aceptó los 5,000 millones de dólares que ofreció Argentina por la expropiación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), poniendo fin a la mayor crisis diplomática entre España y el país sudamericano de los últimos tiempos.

El consejo de administración de la petrolera española ratificó el martes por unanimidad el acuerdo con el gobierno de Cristina Fernández tras varios meses de negociación. Los 5,000 millones de dólares, menos de la mitad de lo que exigió Repsol en un primer momento, son deuda reconocida por Argentina y se pagarán en bonos del Estado.

Las dos partes también renunciaron a cualquier acción judicial por la nacionalización, realizada por el gobierno argentino en abril de 2012. Lo que supone, por ejemplo, el final de la demanda colectiva que presentó Repsol contra Argentina en un tribunal de Nueva York y ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones, dependiente del Banco Mundial, por unos 10,000 millones de dólares.

Las partes, no obstante, van a formalizar el acuerdo el próximo jueves en Buenos Aires, confirmó el ministro de Economía de Argentina, Axel Kicillof.

Argentina emitirá bonos por 6,500 millones de dólares para asegurar que el precio de mercado no sea inferior a 4,670 millones, según explicó Repsol en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

A partir de ese momento, la compañía española puede optar por cobrar ese dinero en caja o esperar al vencimiento de los bonos dentro de 12 años. En ese caso, la suma de capital más intereses podría generar ingresos de 9,000 millones de dólares, una cifra muy cercana a la compensación que pidió el presidente de Repsol Antonio Brufau.

Sin embargo, Kicillof aclaró que "Repsol no podrá nunca recibir, ya sea por la venta de los bonos o por el cobro del capital, una suma superior a los 5,000 millones de dólares". Si así sucediera, deberá "devolver los bonos" al gobierno argentino.

"Este tema tenía que resolverse porque Argentina había expropiado las acciones mayoritarias de Repsol para controlar YPF sin atenerse al procedimiento que es de ley, que es fijar un precio y pagar una indemnización previa. Con lo cual, esto generaba una debilidad en la nueva YPF que se trasladaba a sus posibilidades de acceder a financiamiento internacional o negociar acuerdos con socios estratégicos", dijo a AP el exsecretario de Energía de Argentina, Daniel Montamat.

La decisión de Repsol escribe el punto final a un conflicto empresarial y diplomático que arrancó el 16 de abril de 2012, cuando Fernández anunció la expropiación del 51% de YPF a Repsol. La presidenta acusó a la petrolera de no invertir lo suficiente en la exploración y explotación de nuevos recursos, obligando al país a gastar miles de millones de dólares en combustibles.

Repsol negó las acusaciones. España consideró la medida un ataque a sus intereses y respondió con algunas sanciones como la suspensión a las importaciones de biodiesel argentino.

Después de la tensión inicial, comenzaron los contactos privados y públicos entre ambos gobiernos para desbloquear el conflicto. Una negociación en la que ambos actores tenían interés en no alargar demasiado.

Por un lado, las demandas de Repsol en tribunales internacionales ahuyentaban a los inversores de la explotación del yacimiento argentino de Vaca Muerta, en la provincia sureña de Neuquén, considerado una de las mayores reservas de petróleo y gas no convencional del mundo.

Además, el acuerdo se produce en momentos en que Argentina parece decidida a saldar cuentas pendientes para regresar a los mercados de capitales y conseguir dólares en medio de una fuerte caída de sus reservas internacionales.

El presidente de YPF, Miguel Galuccio, calificó en un comunicado "muy positivo el acuerdo tanto para el país como para YPF, ya que permitirá mejorar la inversión en la producción energética en la Argentina". Agregó que "estas decisiones ratifican el posicionamiento de YPF como una empresa con proyección internacional y atractiva para captar inversiones para el desarrollo de los recursos propios de petróleo y gas".

Por otro lado, Repsol admitió un agujero de 1,760 millones de dólares en 2013 por la nacionalización de su filial.

La mexicana Pemex, que posee más de un 9% de Repsol, presionó públicamente a favor de una resolución temiendo que los pleitos se alargasen interminablemente en el tiempo.

La compensación estará compuesta por un nuevo bono con vencimiento a diez años y una tasa de interés del 8.75% por 3,250 millones de dólares; otro título con vencimiento en 2017 y una tasa de 7% por 500 millones de dólares y un tercero por 1,250 millones de dólares con vencimiento en 2033 y un interés de 8.28%.