Agencias
TEGUCIGALPA, Honduras.- Una cámara de seguridad lo grabó todo: Rigoberto Paredes empujó al abogado Eduardo Montes hacia el ascensor. Una vez dentro, lo apuñaló más de una docena de veces. Después, trató de huir por las escaleras pero los vigilantes del edificio lo detuvieron y grabaron su confesión.

"Nadie me mandó a hacer nada. Esto es del pueblo, el pueblo se lo merecía", dijo.

Cuando el vídeo del asesinato comenzó a difundirse en las redes sociales lo sorprendente fue que en vez de generar una firme condena muchos hondureños comenzaron a defender, o al menos comprender, lo que Paredes había hecho. La lógica: que quien asesina es el propio país, plagado de corrupción e impunidad.

Paredes defendió lo que había hecho con el argumento de que Montes defendía a políticos acusados de desfalco de recursos del Seguro Social por un monto de hasta 400 millones de dólares. El dinero estaba destinado a la infraestructura hospitalaria y compra de medicamentos. El abogado era también aspirante a convertirse en magistrado de la Corte Suprema, según publica The Associated Press.

Durante meses, decenas de miles de hondureños se tomaron las calles en protesta en contra del escándalo de corrupción de la entidad, que ha dejado a miles de personas sin una atención médica adecuada en un país ya de por sí muy cuestionado en todo lo que tiene que ver con el cuidado y bienestar de sus ciudadanos.

El gobierno no ha revelado información relacionada con el caso, pero los manifestantes han argumentado que miles de enfermos murieron por la falta de recursos del Seguro Social, donde no hay acceso a tratamientos como diálisis, quimioterapias y casi cualquier procedimiento requerido por enfermos crónicos.

Manifestantes marchan a la Presidencia de Honduras para exigir la dimisión del Presidente Juan Orlando Hernández.

El escándalo ha salpicado a diputados, empresarios, miembros del gobierno, funcionarios de alto nivel e, incluso al presidente Juan Orlando Hernández que admitió que 120 mil dólares del Seguro Social terminaron en su campaña electoral. Prometió devolver el dinero.

El curso de la investigación sobre la malversación de dinero es otro reflejo de lo que sucede con tantas otras pesquisas de otros crímenes: tres testigos fueron asesinados, otros recibieron amenazas y ataques y el fiscal que abrió el caso tuvo que abandonar el país amenazado.

En septiembre, cuando Montes fue apuñalado, el hastío con la clase política y la corrupción había llegado a niveles intolerables.

"Déjenlo libre, este 'brother' hizo lo que a una persona que ama la justicia haría", se leía en uno de los comentarios en la web del diario que publicó el vídeo del asesinato. "No hemos nacido para ver ni soportar la Injusticia, hemos nacido para hacer Justicia a la Injusticia. Fuerza muchacho..." decía otro. Un grupo de Facebook llamado "Rigoberto Paredes Héroe Nacional" consiguió dos mil 300 miembros en un par de días.

Una mujer ayuda a empujar la camilla en un hospital público administrado por el sistema de seguridad social en Tegucigalpa.

Fabricio Estrada, poeta, activista político, y uno de los mejores amigos de Paredes, describió al diseñador gráfico de 28 años como "una causa". Para Estrada, el país "te enferma la cabeza. Es el país el que mata y no la persona. Nadie imaginó que Rigoberto pudiera cometer un crimen".

En una publicación en su muro de Facebook, la madre de Paredes escribió "Tú has hecho la lectura más incisiva y profunda de los acontecimientos de tu entorno. Has visto más allá de lo que otros no ven. Sé, que de no vivir en un país como el nuestro, tú no estarías en la situación en la que te encuentras".

Pero Rafael Canales, vicepresidente del Colegio de Abogados de Honduras dice que lo que ocurrió es injusto. "Es injusto atacar a un abogado por defender a una u otra persona. Defender a un supuesto infractor de la ley es un derecho constitucional. Ese es el trabajo de los abogados. En Honduras ser abogado infunde temor, es un riesgo".

Honduras, un pequeño país centroamericano de poco más de ocho millones de habitantes, camina desde hace tiempo al borde del colapso. Tiene una de las tasas de homicidios más altas del mundo. Más del 90 por ciento de los delitos no se resuelve. Varias pandillas aterrorizan a la población, miles de personas pagan extorsión por tener un puesto de frutas o manejar un taxi. Hasta los propietarios de viviendas o sus inquilinos tienen que pagar si no quieren morir o salir huyendo.

La violencia, que no cesa de aumentar, alimentada por la mala suerte geográfica que sitúa a Honduras en el medio del tránsito de cocaína desde Sudamérica a Estados Unidos, está detrás de un desplazamiento de la población que busca oportunidades en el norte.

Una sensación de impotencia y frustración "afectaron sin lugar a dudas" el comportamiento de Paredes, dijo Arabeska Sánchez, criminóloga hondureña. "Tal y como está el país, se presenta como un héroe y parte de la sociedad lo avala".

Un soldado vigila un trabajador de un hospital público al entregar medicamentos a un paciente.

Sánchez también cree que hay "un vínculo directo entre lo que está pasando en el país y el crimen".

Pese a las investigaciones sobre el dinero desaparecido, "no se ha emitido una sola sentencia condenatoria contra un clan político, contra un clan familiar, contra un alto empresario y hace meses que se bombardea con detalles de corrupción e impunidad escandalosos", afirma Sánchez.

Hasta la fecha, más de dos docenas de personas han sido arrestadas, incluido el propio director del Seguro Social, Mario Zelaya, dos viceministros y varios empresarios.

Montes, el abogado asesinado, también defendía a Lena Gutiérrez, Vicepresidenta del Congreso, a sus dos hermanos y a su padre. A los cuatro se les acusa de vender medicamentos a sobreprecio y de baja calidad al Seguro Social. Están en sus casas tras pagar cuatro millones de dólares de fianza. Gutiérrez no ha renunciado a su cargo y espera ir a juicio.

Montes también defendió a Rigoberto Cuéllar, el fiscal general adjunto, acusado de recibir sobornos para desviar la investigación.

Muchos hondureños no creen que el sistema de justicia del país pueda manejar ninguna investigación. Piden que se cree una Comisión Internacional contra la Impunidad similar a la que funciona en la vecina Guatemala.

Allí, esa Comisión ha llevado a prisión al expresidente Otto Pérez Molina y a la ex vicepresidenta Roxana Baldetti.

Una mujer pasa junto a una barricada conformada por policías durante las protestas contra la corrupción en Honduras.

El escepticismo no es infundado. Además de los ataques a testigos, el fiscal que inició el caso tuvo que abandonar el país con su familia porque el propio gobierno le dijo que no podía garantizar su seguridad. La mayoría de los detenidos por corrupción está en una prisión militar por el mismo motivo.

El escándalo del Seguro Social llegó a los medios a finales de 2013. El primer caso fue la compra fraudulenta de un lote de ambulancias que eran poco más que furgonetas repintadas que costaron más de un millón de dólares. Mario Zelaya huyó y fue detenido en Nicaragua.

La Asociación por una Sociedad Más Justa, el capítulo local de la organización Transparencia Internacional, llevaba investigando el sector sanitario desde 2007 y había entregado un informe a la fiscalía a finales de 2013.

Carlos Hernández, su presidente, dice que lo que descubrieron no difiere mucho del tipo de estructura criminal que utilizan los carteles de la droga. Descubrieron que tres grupos empresariales eran dueños de entre 15 y 20 empresas que se repartían todo el suministro de medicamentos del país y que el dinero desfalcado, en varios años, ascendía al 10 por ciento del presupuesto anual del estado.

Los dueños de esas empresas son responsables de contratar sicarios para robar los medicamentos en el trayecto entre los almacenes y los hospitales para revenderla, de dejarla caducar, incluso de enterrarla para poder vender dos veces el mismo producto. A veces, las cajas se vendían vacías. Otras veces el medicamento no contenía ningún principio activo. Algunos médicos se llevaban los medicamentos de los hospitales y los vendían por su cuenta a precios inflados.

Una enfermera le da un número a una mujer y a su hija a la que asistirán en un hospital público administrado por el sistema de seguridad social en Tegucigalpa.

"Se revisan los documentos de una compra y están perfectos, tienen todas sus firmas y requisitos. Pero el medicamento nunca ingresó al almacén central de la Secretaria de Salud", explica Hernández.

En una sola licitación en el Hospital de Comayagua, al norte de Tegucigalpa, la gerencia compró medicamentos por 1.5 millones de dólares que nunca fueron entregados y Hernández dice que están registradas las firmas de aprobación en esa compra falsa de 110 personas diferentes entre funcionarios y empresarios.

La situación estaba tan deteriorada que hace meses el gobierno entregó la logística de la compra y distribución de los medicamentos al Ejército, para que la medicina llegue a los pacientes.

Germán Leitzelar, que ha sido Ministro y diputado y fue miembro de la Comisión que realizó la auditoría del Seguro Social, explica que cuando llegaron a la institución, ésta sólo contaba con el 20 por ciento del cuadro básico de medicamentos, que una sesión de hemodiálisis, que cuesta 42 dólares, se facturaba al doble o que el valor de una jeringa de apenas unos céntimos se multiplicaba por cinco.

La investigación en el país es tan precaria que Sociedad Más Justa ha tenido incluso que darles discos duros a los fiscales para que puedan almacenar pruebas y documentación.

Cajas vacías que contenían medicamentos se apilan en un hospital público administrado por el sistema de seguridad social.

"No hay suficientes fiscales, no hay formación, el mismo fiscal que investiga robos de celulares se hace cargo de un caso como este en el que hay implicados de todos los niveles de gobierno", dice Hernández.

Pero los hondureños no tiran la toalla. Gloria Cabrera es una de las personas que ha marchado por las calles. Llora la muerte de su hijo, Félix Cruz, que sufría de malformaciones congénitas de nacimiento debido a un fallo médico. Aunque ganó un juicio en primera instancia contra el Seguro Social y la institución debía hacerse cargo de los costos del cuidado de su hijo, tras la llegada de Mario Zelaya a la dirección de la entidad, decidieron recurrir la sentencia y consiguieron un fallo positivo. Se le retiró el apoyo al hijo.

"Causa un gran perjuicio a la pírrica economía que atraviesa el Seguro Social", decían los alegatos de la abogada del gobierno.

Un día, Gloria decidió sacarse 10 mililitros de su propia sangre para escribir un cartel en el que se lee "mi corazón de madre clama justicia".