21 de Octubre de 2018

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Ríos Mont sigue dando dolores de cabeza a Guatemala

Su petición de amnistía ha dividido al país y puesto en aprietos al sistema judicial.

Ríos Montt confía en las argucias de sus abogados para conseguir la amnistía. (EFE)
Ríos Montt confía en las argucias de sus abogados para conseguir la amnistía. (EFE)
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EFE
GUATEMALA.- La insistencia del general golpista guatemalteco José Efraín Ríos Montt, por obtener una amnistía que lo aleje de las cortes para no responder por el genocidio y los crímenes de guerra cometidos durante su mandato, divide a los guatemaltecos y pone en aprietos al débil sistema de Justicia.

El anciano general, de 87 años, confía en que las argucias de sus abogados, el apoyo del poderoso sector empresarial y la rancia derecha, sean suficientes para que, contra los criterios técnicos y jurídicos de especialistas en derecho penal e internacional, los tribunales le favorezcan con una amnistía.

Esta semana, la Corte de Constitucionalidad (CC), el máximo tribunal del país, abrió de nuevo la puerta para que el exjefe de Estado obtenga la única medida legal que lo puede alejar de la Justicia en los últimos años de su vida, al ordenar a una corte inferior que argumente por qué no le concedió en su momento la amnistía solicitada.

En una decisión dividida de cinco a dos, de sus siete magistrados, la CC ordenó a la Sala Primera de Apelaciones fundamentar jurídicamente "por qué no es aplicable la amnistía" que los abogados de Ríos Montt pidieron en base a un decreto aprobado en 1985 por jefe de Estado de facto, Óscar Mejía Víctores.

Amnistía a represores

Esa normativa otorgó amnistía a los militares y guerrilleros que participaron en la guerra interna que padeció el país (1960-1996).

Francisco García Gudiel, uno de los abogados de Ríos Montt, sostiene que la amnistía se encuentra "vigente" a pesar de que la Ley de Reconciliación Nacional, aprobada por el Parlamento en 1996, derogó todas las leyes de amnistía anteriores a esa fecha.

La Sala, dice García Gudiel, "debe" otorgar la amnistía solicitada a Ríos Montt, en cumplimiento de lo ordenado por la CC, y con ello restituir a su cliente los derechos que, asegura, le fueron "violentados" al serle negada el año pasado.

El letrado sostiene que el juicio al que fue sometido el general meses atrás, el cual concluyó con una condena de 80 años de prisión tras ser declarado "culpable" de los delitos de genocidio y crímenes de guerra, "fue ilegal" no solo por los supuestos "errores" cometidos por el tribunal, sino porque "no procedía".

Diez días después de haber sido condenado, la CC anuló el fallo por supuestos errores en el proceso judicial y ordenó retrotraer el caso hasta antes de la sentencia del Tribunal A de Mayor Riesgo.

La próxima semana, la Sala deberá cumplir con lo ordenado por el tribunal Constitucional.

El abogado Héctor Reyes, del Centro de Acción Legal para los Derechos Humanos (Caldh), que actúa como querellante en el proceso, dice que la Sala no tiene otra cosa más que hacer que explicar las razones jurídicas por las cuales en su momento fue denegada la amnistía.

Resolver contrario a ello, dice, sería ilegal, porque los delitos de genocidio y crímenes de guerra "son imprescriptibles en Guatemala", y por lo tanto "no pueden ser objeto de amnistía".

Los abogados de la Fundación Myrna Mack, especialistas en temas de justicia y lucha contra la impunidad, analizan el asunto desde la perspectiva constitucional y el derecho internacional, y concluyen que la amnistía para Ríos Montt, simplemente no es posible.

Genocidios

Desde 1950, recuerda esa institución, el Estado guatemalteco es parte de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, la cual tiene como objetivo condenar y no dejar en la impunidad esa grave falta.

Y según la Constitución del país vigente, los tratados y convenios en materia de derechos humanos, aceptados y ratificados por Guatemala, "tienen preeminencia sobre el derecho interno", lo cual implica que dicha convención, desde el momento en que fue ratificada pasó a formar parte "del catálogo normativo interno".

Por lo tanto, señalan los expertos, al prevalecer esa convención sobre la normativa ordinaria del país, como lo es el decreto de amnistía invocado por Ríos Montt, este no puede aplicarse para "evitar cualquier obstaculización a la persecución penal del genocidio".

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