“He vuelto a vivir”: salvadoreña encarcelada por aborto espontáneo

La legislación de El Salvador penaliza todas las formas de aborto, incluso el terapéutico.

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Evelyn Beatriz Hernández fue exonerada tras ser criminalizada en El Salvador por sufrir un aborto espontáneo. (AP / Salvador Meléndez)
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AP
SAN SALVADOR, El Salvador.- “Siento que he vuelto a vivir, es como empezar una nueva vida”, así celebró la salvadoreña Evelyn Beatriz Hernández su exoneración, tras ser criminalizada por sufrir un aborto espontáneo y que tras haber sido acusada, procesada e inicialmente condenada a 30 años de cárcel por homicidio, fue finalmente liberada de todos los cargos esta semana.

En 2017 Evelyn recibió unas de las sentencias más severas que imponen las leyes de El Salvador, en donde se penaliza cualquier forma de aborto, pero la Corte Suprema anuló el fallo en febrero y quedó en libertad después de haber pasado 33 meses en prisión. Poco después se ordenó un nuevo juicio con otro juez en un hecho inédito en este país centroamericano y el Ministerio Público pidió 40 años de prisión.

El caso de Evelyn, que vive una remota zona rural al este del país, lleva meses atrayendo la atención internacional debido a que El Salvador persigue agresivamente a las mujeres que han sufrido abortos espontáneos y urgencias obstétricas, acusándolas de asesinato.

“Pues mi nombre es Evelyn Beatriz Hernández Cruz, tengo 21 años de edad y ahora que siento la libertad, siento que he vuelto a vivir”, dijo la joven en conferencia de prensa el miércoles pasado en las oficinas del Colectivo Feminista, una de las organizaciones que defienden los derechos de las mujeres en El Salvador.

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Con rostro sonriente, después de que el juez de sentencia dictaminara que no había forma de probar el delito, que Evelyn sufrió un parto complicado y en consecuencia decretó su libertad definitiva, la joven dijo que cuando regresó a su humilde vivienda en el cantón El Carmen, 37 kilómetros al este de la capital, “me sentí feliz, contenta, porque ya podía respirar un aire de libertad”.

Dijo que cuando la acusaron de matar a su bebé los vecinos del cantón “me discriminaban, me señalaban, pero ahora que salió a la luz que soy inocente, ahora me hablan bien, estoy contenta”.

Ya bastante relajada, Evelyn contó que los 33 meses que guardó prisión en la Cárcel de Mujeres en Ilopango, en la periferia este de San Salvador, fueron duros.

Cuando las mujeres se enteraron de que estaba siendo procesada porque supuestamente había matado a su bebé “me discriminaron, me hostigaban”, pero dice que ellas no sabían lo que realmente había pasado. “Cuando les conté mi historia, pues ellas me apoyaban”.

La joven aprovechó para enviarle un mensaje al presidente Nayib Bukele para que intervenga en favor de las mujeres que son criminalizadas tras sufrir emergencias obstétricas o partos extra hospitalarios.

“Quiero que él viera realmente cómo son los casos de las mujeres, cómo nos discriminan, que él pensara para que se despenalizara el aborto”, manifestó.

Bukele, quien asumió el poder en junio de la mano de un partido conservador, ha dicho que cree que el aborto sólo es aceptable si la vida de la madre corre peligro, pero que está “totalmente en contra de criminalizar a las mujeres por tener abortos espontáneos”.

“Si una mujer pobre tiene un aborto espontáneo, inmediatamente es sospechosa de haber practicado un aborto”, dijo en 2018. “No podemos darle presunción de culpabilidad a una mujer que lo que necesita es ayuda inmediata”.

Entre 2014 y 2018 la organización no gubernamental Agrupación Ciudadana registró 146 mujeres procesadas. De éstas, 60 han sido condenadas, 34 por homicidio agravado y 26 por aborto.

La legislación salvadoreña penaliza todas las formas de aborto, incluso el terapéutico, y castiga tanto a las mujeres como los médicos. De ser culpables podrían ser enviados a la cárcel de dos a ocho años. No obstante, en casos como el de Evelyn, si el delito se cambia a homicidio agravado, aquel provocado en razón del parentesco de la víctima y el victimario, esas mujeres pueden ser condenadas a entre 30 y 40 años de prisión.

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