MILENIO y Notimex
CIUDAD DE MÉXICO.- El Servicio de Administración Tributaria ya identificó a 30 sujetos inscritos en el Registro Federal de Causantes (RFC) -cuatro empresas y 26 personas físicas- que están presuntamente relacionados en delitos de evasión fiscal dados a conocer por la investigación conocida como  los “Panamá Papers”, según informa César Barboza (sic) de Milenio.

De la primera revisión, el SAT había informado que se trataba de 33 presuntos implicados, 29 personas físicas y cuatro empresas mexicanas, relacionados con el despacho Mossack Fonseca; por lo que en este nuevo informe, señaló que aún faltan por identificar a tres; dos personas que aún continúan en análisis para saber si cuentan con su RFC, debido a casos de homónimos, y una más de la que no se cuenta con información en el RFC.

El SAT también dijo que, previo a la filtración de estos documentos, 16 de estos sujetos ya habían estado sometidos a auditorías y en total acumularon un adeudo de 179 millones de pesos en distintos ejercicios fiscales, de los cuales ya cobraron 138 millones de pesos, por lo que restan por pagar alrededor de 41 millones de pesos.

El fisco mexicano informó que, entre estas 16 personas con procesos de auditoría, cuatro son empresas, y doce personas físicas, con operaciones en ejercicios fiscales entre el año 2000 y 2015.

Del total de los 33 presuntos implicados, al menos 25 tendrían relación directa con el despacho panameño -tres empresas y 22 personas físicas-; dos personas físicas están involucradas de manera indirecta con el despacho, y como prospectos de clientes se identificó a cinco personas físicas y una empresa.

Sin embargo, el SAT admitió que en ocho personas físicas de los 33 implicados, no se identificó el año calendario o ejercicio fiscal en el que supuestamente se realizaron operaciones.

Solamente una persona física realizó operaciones en los años ochenta; tres personas físicas y una empresa entre 2000 y 2010; mientras que ocho personas físicas y dos empresas reportaron actividad entre 2011 y 2014. Cinco personas físicas y dos empresas tuvieron operaciones en 2015.

Aún cuando el SAT por ley no puede hacer pública la identidad de los implicados ni detallar a quién corresponde cada proceso, los “Papeles de Panamá” identificaron inicialmente a once mexicanos, entre los que se encuentran: Rafael Caro Quintero, fundador del cartel de Guadalajara; Ricardo Salinas Pliego, presidente de TV Azteca; Alfonso de Angoitia, vicepresidente ejecutivo de Televisa; Juan Armando Hinojosa Cantú, propietario de Grupo Higa.

Asimismo, se habló del caso de Ramiro García Cantú, empresario de Tamaulipas; Guillermo Cañedo White, ex ejecutivo de Televisa; el candidato al gobierno de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares; Emilio Lozoya Austin, ex director de Pemex; Amado Yáñez Osuna y Martín Díaz Álvarez, ex dueño y ex director financiero de Oceanografía así como a Óscar Fernando Trujano Sandoval, empleado del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y Edith González, actriz.

Pide CCE aplicar la ley

En este contexto, la agencia notimex informa que el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) pidió que se aplique la Ley en el caso de los mexicanos que se incluyeron en la lista de la investigación denominada 'Panamá Papers', al tiempo que hizo un llamado a los empresarios para recibir asesoría y así cumplir con sus obligaciones como corresponde.

El presidente del CCE, Juan Pablo Castañón, consideró que debe investigarse el caso de presuntos evasores de impuestos y 'por supuesto que se aplique la Ley correspondiente para que se cumpla con la misma, porque todos los mexicanos tenemos que pagar nuestros impuestos en la generación de valor', informa Notimex.

Entrevistado tras participar en el 'Foro Recinto Fiscalizado Estratégico, propuesta de ampliación de beneficios', indicó que si las operaciones se clarifican y hay responsabilidades, se tiene que ejercer la Ley, por el contrario, si se encuentran dentro del marco legal, todo mexicano tiene la obligación de contribuir y el derecho de argumentar sus propios mecanismos.

En este sentido, hizo un llamado a todos los empresarios para 'que puedan tener la asesoría de despachos que los certifiquen correctamente'.

Lo anterior, abundó, para que cualquier movimiento financiero que hagan esté bajo el marco de la Ley y de las prácticas generalmente aceptadas, 'para seguir dando un testimonio de que el empresario mexicano, en lo general, cumple como le corresponde con la ley fiscal y la ley financiera de nuestro país'.