Agencias
BEIRUT, Líbano.- Yamama está feliz: por fin ha empezado a aprender a escribir su nombre y a hacer cuentas, a los nueve años, luego de tres largos años de espera.

La niña tenía seis años y se preparaba para ingresar a la escuela cuando la guerra la expulsó de Siria y la destinó a engrosar las estadísticas de refugiados iletrados en el Líbano vecino.

En ese país, donde viven 400 mil niños refugiados en edad escolar, 294 mil estaban excluidos del sistema educacional en 2014, según el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).

“Estamos delante de una generación perdida”, sentencia Mirella Chukrallah, directora del departamento de Educación de la organización no gubernamental Caritas en Líbano.

“Son niños que han perdido años de su vida, son más aislados, propicios a radicalizarse, a ser explotados y, entre las niñas, a casarse muy pronto”, explicó en entrevista con Notimex.

En todo el mundo, el número de niños sirios privados de escuela se eleva a tres millones, incluyendo aquellos afectados por el cierre de establecimientos en su propio país.

La cifra contrasta con la situación precedente al conflicto, cuando la tasa de escolarización en Siria era de 99 por ciento en la educación primaria y de 82 por ciento en la secundaria, gracias, en parte, a la gratuidad de escuelas y universidades.

Christiane Marik, coordinadora de la escuela pública Sid El Bouchrit, en Beirut, observó que los refugiados que acuden por primera vez al establecimiento presentan problemas de disciplina y agresividad.

“Hemos tenido casos de alumnos que atacaron a sus compañeros. Pero el efecto positivo de la escuela empieza a aparecer al cabo de un año. Les hacemos sentir que están en seguridad y su estado psicológico cambia mucho”, afirmó.

Sensible al problema, el gobierno libanes simplificó los requisitos para la inscripción escolar de los refugiados y creó este año un segundo turno de clases en las escuelas públicas.

En total, 200 mil plazas adicionales fueron abiertas en el marco del programa “Back to School”, totalmente financiado por el Unicef.

El proyecto implica una inversión de 630 dólares por niño -incluyendo salarios de profesores, material escolar y todos los costos relacionados-, además de la financiación total de las escuelas públicas también para los libaneses.

Pese al esfuerzo conjunto, el número de plazas disponibles sigue siendo insuficiente para atender a todos y algunas escuelas continúan exigiendo a los refugiados cédulas de identidad o permisos de residencia a la hora de la inscripción, contrariando las directrices del gobierno.

Muchos refugiados también se quejan del trato recibido de parte del cuerpo docente, lo que ocasionó, el año pasado, el despido de tres directores.

“Hace dos años que llegamos de Alepo y que intento inscribirme en la escuela. La semana pasada volví a ir con mi mamá y mis hermanos, pero ni siquiera nos dejaron entrar”, apuntó Hamad, un niño de 13 años que sueña con ser ingeniero.

Los que sí logran inscribirse se enfrentan a la barrera lingüística y la diferencia de currícula.

En Líbano algunas de las materias se enseñan en francés o inglés desde el primer nivel, mientras que en Siria los idiomas extranjeros sólo aparecen en el programa de sexto año.

Otro obstáculo para la enseñanza de los refugiados es la falta de autobuses gratuitos, ya que la mayoría de las familias no tiene condiciones de pagar por el transporte.

“Más que la distancia, el autobús es importante porque protege a los niños de la violencia y el acoso que pueden sufrir en el camino de la escuela”, señaló Chukrallah, de Caritas.

“Pronto empezará la lluvia, la nieve, y a la hora de volver a casa ya es de noche. No estoy segura de que Yamama podrá seguir asistiendo a escuela si va caminando”, señaló Oum Omar, madre de la niña.

Caritas pretende poner en marcha este mes un proyecto que proporcionará transporte escolar gratuito para 40 mil niños considerados más vulnerables, pero la financiación de seis millones de dólares todavía no ha sido aprobada.

Líbano carece, igualmente, de un plan para atajar la situación de los niños que no pueden ir a la escuela porque son la única fuente de ingreso de sus familias.

Es el caso de Bashar y Odey, de 12 y 13 años, que dejaron de frecuentar la escuela hace cuatro años, cuando los bombardeos que destruyeron su ciudad de Homs, llevaron los establecimientos locales a cerrar las puertas.

Viviendo desde hace tres años en un campo de refugiados en el Valle de la Becá (Líbano), ambos están obligados a trabajar en lugar de los padres, uno deficiente, el otro demasiado anciano.

“Me gustaba estudiar, aunque las maestras eran severas y a veces nos pegaban”, dice Odey con una sonrisa tímida.

Ghobram, una madre originaria de la región siria de Idlib, pudo pagar tres mil dólares anuales por una escuela privada que aceptó a su hijo de 15 años, pese a no tener cédula de identidad.

“Al final del año, no le dejaron prestar el examen final porque no tenía los papeles. Se ha vuelto muy nervioso”, dijo.

Imposibilitado de continuar los estudios en una escuela técnica, como deseaba, el joven ahora pretende juntar dinero, volver a Siria para sacar sus documentos y luego emigrar ilegalmente hacia Europa, a través de Turquía, como ya hicieron más de 643 mil 600 personas en lo que va de año.

“Le animo a hacerlo. Aquí no hay esperanza”, sentenció Ghobram.