Agencias
GUATEMALA.- El polémico sacerdote Mario Orantes pasará de una prisión, donde permaneció en los últimos 12 años, al banquillo de los acusados en un tribunal eclesiástico para dar cuentas de la muerte violenta del obispo Juan Gerardi en 1998.

De acuerdo con Notimex, Orantes recuperó su libertad el pasado 4 de enero, luego de que la justicia aceptó su cuarto pedido del beneficio de redención de penas por cumplir más de la mitad de la sentencia, buena conducta y trabajo social en la cárcel.

Apenas salió de prisión se apresuró a declarar que se reuniría con el arzobispo metropolitano, Julio Vian, para que le asignara una parroquia y reanudar su ejercicio sacerdotal, petición que fue rechazada de inmediato por la jerarquía católica.

Cuatro días después de salir libre -el martes 8 de enero-, el Tribunal Eclesiástico del Arzobispado de Guatemala le notificó la suspensión de su ministerio mientras se le investiga por su responsabilidad en el atentado contra Gerardi.

El arzobispo metropolitano nombró a los sacerdotes jueces, notarios y "promotores de justicia" que integrarán el tribunal eclesiástico que en las próximas semanas iniciará el juicio contra el cura Orantes.

El tribunal eclesiástico guatemalteco emitirá en su momento el fallo del caso, que será conocido por el Vaticano. Entonces el Papa Benedicto XVI tendrá la última palabra y decidirá la sentencia en el proceso.

El obispo Gerardi, uno de los más importantes defensores de los derechos humanos, murió a golpes la noche del domingo 26 de abril de 1998 en la iglesia de San Sebastián, ubicada a unas calles de la Casa Presidencial, centro de la ciudad de Guatemala.

La investigación estableció que monseñor Gerardi, quien contaba con 75 años de edad, fue ultimado con saña, golpeado con una barra de concreto. Su cadáver quedó en el garaje de la casa parroquial de la iglesia, donde oficiaban la víctima y Orantes.

Luego de una accidentada investigación, el 22 de enero de 2000 fueron detenidos el coronel del Ejército, Byron Lima Estrada, su hijo, el capital Byron Lima Oliva, y el sargento Obdulio Villanueva.

Junto con los militares, que entonces eran parte del extinto Estado Mayor Presidencial a cargo de la seguridad del presidente Álvaro Arzú (1996-2000)-, fue detenido el padre Orantes, a quien los investigadores consideraron testigo principal del crimen.

En 2001, en una primera instancia los militares fueron condenados a 30 años de prisión por el delito de ejecución extrajudicial, mientras que Orantes recibió una pena de 20 años por complicidad en el asesinato de Gerardi.

En una nueva sentencia la pena de prisión fue reducida a 20 años para los tres militares, y se ratificó la condena de 20 años a Orantes por complicidad en la ejecución extrajudicial.

El coronel retirado Lima Estrada logró la libertad en julio de 2012 también por el beneficio de libertad anticipada, Villanueva fue asesinado durante un motin carcelario, y el capitán Lima Oliva sigue en prisión y aspira a salir también por redención de pena.

Eddy Calvillo, promotor de justicia del tribunal eclesiástico, indicó que Orantes fue suspendido de su ministerio y no podrá oficiar misas, bautizos, ni matrimonios, entre otras responsabilidades, mientras dure el proceso por su vinculación con la muerte de monseñor Gerardi.

Nery Rodenas, director de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado (ODHA, entidad creada por Gerardi), apoyó la decisión del enjuiciamiento por la autoridad eclesiástica y coincidió en que Orantes no podría retomar el sacerdocio al verse implicado en un crimen tan grave.

Uno de los abogados defensores del cura, Francisco Gallardo, dijo que no esperaban esa reacción de la propia jerarquía eclesiástica y que su cliente pretendía "normalizar" su vida como sacerdote tras la dura experiencia de 12 años en prisión.

Gerardi fue asesinado dos días después de que presentó una investigación que coordinó, la cual concluyó que el Ejército era responsable de la mayoría de las violaciones de los derechos humanos cometidas en la pasada guerra interna de Guatemala (1960-1996).