19 de Septiembre de 2018

Mundo

Poder y corrupción detrás de la tala ilegal en selva de Perú

Tras el asesinato de cuatro líderes indígenas que combatían esa actividad, crece el temor de la gente.

La indígena ashaninka Karen Shawiri, con su bebé en brazos, regresa a su casa luego de acompañar a su marido a pescar en el río Putaya en Saweto, localidad de la Amazonía peruana en la frontera con Brasil. (Agencias)
La indígena ashaninka Karen Shawiri, con su bebé en brazos, regresa a su casa luego de acompañar a su marido a pescar en el río Putaya en Saweto, localidad de la Amazonía peruana en la frontera con Brasil. (Agencias)
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Agencias
SAWETO, Perú.- La tala ilegal de árboles sigue como si nada en esta remota comunidad amazónica donde cuatro líderes indígenas que combatían esa actividad fueron asesinados en septiembre y el temor de la gente es palpable.

Un puesto de vigilancia que el gobierno instaló tras los asesinatos, compuesto por 25 policías, no proporciona ningún consuelo, dicen los lugareños.

"No tiene ni el mandato ni el deseo de empezar a proteger a la comunidad", dijo el filántropo Alexander Soros a periodistas la semana pasada después de visitar Saweto en helicóptero con los activistas de la organización ecologista Global Witness.

Edwin Chota y los otros tres líderes ashanincas asesinados exigieron durante más de una década ante las autoridades los títulos ancestrales para los 300 kilómetros cuadrados de la comunidad que limitan con Brasil.

Sólo unos pocos obstáculos burocráticos impiden la entrega el título, dijo Margoth Quispe, ex defensora del pueblo regional que asesora a la comunidad. "No es el título la garantía para prevenir la tala ilegal de árboles".

Los árboles siguen siendo talados a una distancia de dos horas de caminata de Saweto, en un sitio donde los taladores tienen un campamento y desde el cual arrastran los troncos hasta el río Putaya para transportarlos.

Guillermo Arévalo, un poblador que sirvió de guía, dijo a un fotógrafo de Associated Press que era demasiado peligroso visitar la zona donde los árboles eran cortados.

Arévalo hizo remar al fotógrafo hasta el río Putaya, donde los troncos recién cortados flotaban acompañados por tres hombres en una canoa.

Más tarde dos de ellos fueron identificados como madereros ilegales por la hija mayor de Chota, Diana Ríos.

Ella y otros vecinos se quejan de que la investigación de los asesinatos ha sido lenta. La impresión generalizada es que los dos hombres arrestados como los posibles autores materiales habrían actuado por orden de terceros.

Hace menos de un mes, el caso fue reasignado a un fiscal del crimen organizado.

"No es simplemente un homicidio", dijo a la AP el nuevo fiscal, Julio César Reátegui, desde Pucallpa, la capital regional, quien pidió paciencia: "Investigar una organización criminal, si existe, es algo que no se puede hacer en poco tiempo".

"El poder económico de estos madereros es enorme y la corrupción campea aquí, entonces es una lucha difícil", añadió.

La violencia al servicio de esa corrupción ha ayudado a hacer de Perú, según el recuento de Global Witness, el cuarto país más peligroso del mundo para los activistas ambientales después de Brasil, Honduras y Filipinas.

A la inseguridad se suman unas condiciones de vida muy duras. No hay agua corriente ni electricidad en la comunidad. Los niños asisten a una precaria escuelita de un solo salón, con un solo maestro que enseña en ashaninka. El negocio más cercano que vende jabón y aceite de cocina está a media hora por el río.

La población oficial de la comunidad era de 106 personas antes de que Chota y los demás fueron asesinados, dijo Quispe. Pero después de las matanzas muchos se fueron, algunos a una localidad ashaninka del lado brasileño de la frontera.

Ahora solo quedan 70.

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