Además, los magistrados confirman que en septiembre de 2014, cuando la Comisión Europea emitió su último dictamen sobre España, "no se habían sellado ni regenerado aún" las seis decenas de vertederos ilegales.

Y... ¿Por qué no han hecho nada?

En sus alegaciones para impedir ser condenada, España esgrimió la crisis económica, según se desprende de la sentencia. "En un período de graves dificultades económicas y presupuestarias", argumentó el Gobierno, "las autoridades españolas han realizado un esfuerzo adicional enorme para lograr el cumplimiento". El Ejecutivo también alegó que, en algunos casos, los propietarios de las instalaciones han presentado recursos judiciales que han paralizado la eliminación.

Pero el tribunal recuerda que "un Estado miembro no puede alegar una situación de su ordenamiento jurídico interno para justificar el incumplimiento de las obligaciones y plazos resultantes del Derecho de la Unión". Por un lado, "los costes relacionados con la ejecución completa de las obligaciones derivadas de una directiva no pueden justificar el incumplimiento de tales obligaciones". Por otro, "la interposición de recursos (...) no afecta al fundamento de una imputación formulada en un procedimiento por incumplimiento". Por eso se condena a España.

La directiva incumplida por España es de 2008. El expediente de la Comisión Europea que ha dado lugar a la segunda condena a España, cuando se abrió, era por 288 vertederos. Cuando Bruselas recurrió al tribunal europeo eran 61. Según el Ministerio de Agricultura, en este momento son 38 los vertederos que no se han clausurado o regularizado. Y "casi la totalidad" están "con las obras de clausura en curso" o con proyectos redactados. Agricultura ncide en que la competencia en este asunto reside en las comunidades y Ayuntamientos.