20 de Noviembre de 2018

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España deja pasar advertencias de Unión europea

Tras años de aplazar dictamen, la Unión Europea condena a España por vertederos.

Incendio ilegal de vertedero en Toledo. (elpais.com)
Incendio ilegal de vertedero en Toledo. (elpais.com)
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Agencias
ESPAÑA.- La Unión Europea (UE) lleva años instando al Gobierno español a que solucione la gestión de sus vertederos. Ante los incumplimientos, Bruselas pidió en 2014 al Tribunal de Justicia de la UE que actuara contra España, y en 2016 el tribunal dictó una primera condena por no eliminar 30 vertederos. El tribunal, instado de nuevo por la Comisión, ha reiterado ahora su reproche sobre otros 61, la mayoría en Castilla y León (27) y Canarias (24). Censura a España por no aplicar "medidas coercitivas" para evitar su proliferación, informa el sitio de El País.

Tanto en el caso de la primera condena, que data de febrero de 2016, como en el de la conocida ayer, el dictamen del Tribunal de Justicia de la UE contra España por los vertederos incontrolados no acarrea una multa. Eso puede llegar en el futuro. El proceso para sancionar a los países de la UE es bastante largo. Primero, la Comisión Europea dictamina el incumplimiento de una directiva y lo envía al tribunal, con sede en Luxemburgo, para que lo certifique. Con esa sentencia en la mano, Bruselas abre otro procedimiento para que luego el tribunal acabe imponiendo una sanción.

En esta segunda condena sobre los 61 vertederos, los magistrados concluyen que España —al no clausurarlos y restaurarlos— no ha aplicado "las medidas necesarias para asegurar que la gestión de los residuos se realice sin poner en peligro la salud humana y sin dañar al medio ambiente y, en particular, sin crear riesgos para el agua, el aire o el suelo, ni para la fauna y la flora". Tampoco ha garantizado "que los residuos vertidos en ellos sean tratados por los municipios por sí mismos o por un negociante, una entidad o una empresa que lleve a cabo operaciones de tratamiento", como fija la directiva 2008/98/CE, la que se ha incumplido.

España debería haber clausurado o regularizado esos 61 vertederos. Pero, cuando Bruselas realizó la última revisión, no lo había hecho. Según el Ministerio de Agricultura, en este momento esa cifra de 61 se habría reducido hasta los 38.

El tribunal resalta que los vertederos "han funcionado durante un período de tiempo muy largo de manera incontrolada e ilegal" y que "los residuos vertidos en ellos no han sido tratados a fin de reducir su incidencia negativa en el medio ambiente". Y reprocha que "semejante situación solo ha podido producirse por no haber adoptado el Reino de España medidas coercitivas".

Además, los magistrados confirman que en septiembre de 2014, cuando la Comisión Europea emitió su último dictamen sobre España, "no se habían sellado ni regenerado aún" las seis decenas de vertederos ilegales.

Y... ¿Por qué no han hecho nada?

En sus alegaciones para impedir ser condenada, España esgrimió la crisis económica, según se desprende de la sentencia. "En un período de graves dificultades económicas y presupuestarias", argumentó el Gobierno, "las autoridades españolas han realizado un esfuerzo adicional enorme para lograr el cumplimiento". El Ejecutivo también alegó que, en algunos casos, los propietarios de las instalaciones han presentado recursos judiciales que han paralizado la eliminación.

Pero el tribunal recuerda que "un Estado miembro no puede alegar una situación de su ordenamiento jurídico interno para justificar el incumplimiento de las obligaciones y plazos resultantes del Derecho de la Unión". Por un lado, "los costes relacionados con la ejecución completa de las obligaciones derivadas de una directiva no pueden justificar el incumplimiento de tales obligaciones". Por otro, "la interposición de recursos (...) no afecta al fundamento de una imputación formulada en un procedimiento por incumplimiento". Por eso se condena a España.

La directiva incumplida por España es de 2008. El expediente de la Comisión Europea que ha dado lugar a la segunda condena a España, cuando se abrió, era por 288 vertederos. Cuando Bruselas recurrió al tribunal europeo eran 61. Según el Ministerio de Agricultura, en este momento son 38 los vertederos que no se han clausurado o regularizado. Y "casi la totalidad" están "con las obras de clausura en curso" o con proyectos redactados. Agricultura ncide en que la competencia en este asunto reside en las comunidades y Ayuntamientos.

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