EFE
MONTEVIDEO, Uruguay.- Miles de uruguayos denunciaron hoy la "indignidad" de la justicia y exigieron nuevamente el fin de la impunidad por los crímenes de la dictadura, después de que la Suprema Corte de Justicia (SCJ) declarara inconstitucional una norma que evitaba la prescripción de los delitos de aquella época.

Los manifestantes, convocados por el oficialista Frente Amplio, el PIT-CNT, la mayor central obrera del país, y varias organizaciones de defensa de los derechos humanos, se concentraron en la céntrica Plaza Cagancha, junto a la sede de la SCJ, y allí se mantuvieron por casi una hora para mostrar su repudio por las recientes decisiones del alto tribunal.

Sin megáfonos, altavoces, discursos y sin corear consignas de ningún tipo, los concentrados se limitaron a dialogar entre sí e intercambiar opiniones sobre la mejor forma de revertir los pasos dados por la más alta instancia judicial del país.

Tan solo al final del acto la multitud estalló en aplausos y entonó el himno uruguayo antes de disolverse.

Entre los asistentes, de toda edad y condición, hubo dirigentes políticos y sociales como la senadora Lucía Topolansky, esposa del presidente José Mujica, el escritor Eduardo Galeano o el exvicecanciller ecuatoriano Kintto Lucas, uruguayo de nacimiento.

"Yo aprendí hace muchos años que la vida consiste en elegir entre indignos e indignados, y yo estoy siempre con los indignados. Me parece que ha sido indigna esta Suprema Corte, que practica la injusticia, y que además de practicarla, prohíbe la memoria y castiga la dignidad, que es lo más importante que tenemos", dijo Galeano a Efe para explicar los motivos de la manifestación.

Entre los asistentes, de toda edad y condición, hubo dirigentes políticos y sociales

El pasado viernes la SCJ declaró inconstitucional una norma creada para evitar la prescripción de los crímenes cometidos por la dictadura (1973-1985), lo que habilita la posibilidad de archivar esas causas y permitir así la impunidad de esos delitos.

Esa decisión fue la última de una serie de medidas del tribunal contrarias a la orientación política del Gobierno, como la supresión de un impuesto que gravaba las grandes extensiones de agrarias para combatir la acumulación de tierras o el traslado a una corte civil de la jueza Mariana Mota, destacada en su persecución de los crímenes de la dictadura.

Según explicó a Efe Oscar Urtasun, de la asociación de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, la protesta fue una demostración de la "bronca por el rumbo de la justicia uruguaya y su desencuentro con la Justicia".

"Hay que venir a presionar, golpearemos puertas en el exterior si hace falta. El Supremo no puede ser tan supremo, esa es una actitud teológica que ya no cabe", indicó el activista.

Gerardo Rey, secretario político del FA, apuntó por su parte que la movilización busca "mantener el reclamo permanente" contra la impunidad y al mismo tiempo abrir canales para encontrar "caminos institucionales jurídicos para que se haga justicia".

"Estamos analizando los pasos técnicos y haremos un plan político. Tenemos la voluntad permanente de conseguir justicia y eso nos debe animar", añadió.

Para Kintto Lucas, sin embargo, más allá de las decisiones de la SCJ, el problema de fondo es que se está produciendo en Uruguay "una intromisión de un poder del Estado con los otros dos poderes" y denunció que la Corte quiera Gobernar pese a ser el único organismo no elegido por el pueblo.

"La norma bloqueada abrió una puerta a la justicia que estaba cerrada desde hace mucho tiempo, y ahora la volvieron a cerrar, contraviniendo todas las normas internacionales", dijo.

"Uruguay necesita una reforma constitucional, a la que hay que perder miedo, porque si hay conflicto de intereses entre los poderes, se romperá la estabilidad", argumentó.

Así, pidió un cambio en las reglas del juego para que se adecúen a la realidad del país "porque las reglas que se usan ahora son de hace cincuenta años", culminó.

Rechazo a la movilización

En el lado opuesto, la oposición en bloque, incluidos los expresidentes Julio María Sanguinetti (1985-1990 y 1995-2000), Luis Alberto Lacalle (1990-1995) y Jorge Batlle (2000-2005), rechazó la movilización y la consideró una muestra de "actitud antidemocrática" que puede arrastrar al país "a tiempos de confrontación que no deben repetirse".

Rosana Gavazzo, abogada de los militares uruguayos que ganaron el recurso de inconstitucionalidad e hija de un represor condenado a 25 años de prisión por su participación en el Plan Cóndor, también consideró "muy grave" esta movilización y acusó al FA de "no respetar la separación de poderes".