José Antonio López/Milenio
MADRID, España.- Cuando se acaba de cumplir el 41º aniversario de la muerte de Francisco Franco, el partido Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) pidió derrumbar el Valle de los Caídos, el enorme mausoleo en las afueras de Madrid que el dictador mandó construir con la mano de obra de prisioneros de guerra de la vencida República. Un lugar donde reposan los restos del generalísimo y los de José Antonio Primo de Rivera, fundador de la Falange.

“Si fuera por ERC, ese sitio habría sido destruido desde hace muchos años. Es un monumento al fascismo, pero ya sabemos que no es fácil porque es un lugar que está protegido por el mismo gobierno. Por lo pronto, lo que habría que hacer es exhumar los restos del dictador y sacarlos, lo mismo que los de Primo de Rivera”, explica el portavoz adjunto de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián.

Tan va en serio la petición, que esta fuerza política ya lo solicitó oficialmente en el Congreso a mediados del mes pasado, a través de una proposición no de ley, que también exige que se cumplan las recomendaciones efectuadas por la comisión de expertos para el futuro del Valle de los Caídos, un grupo creado al final de la última legislatura del ex mandatario socialista José Luis Rodríguez Zapatero (2004-11).

En sus conclusiones, se recomienda la exhumación de los restos de ambos dirigentes fascistas para dotar de otro significado al Valle de los Caídos y despojarlo de cualquier connotación ideológica o política.

La intención es que el emplazamiento quede vinculado a la “dimensión moral de la memoria” y los expertos entienden que eso solo será posible si los enterramientos se reservan solo para los restos de las víctimas y muertos de la Guerra Civil.

A 60 kilómetros de Madrid, a poco más de 9 km del Monasterio de El Escorial, enmarcado en el imponente escenario natural de la Sierra de Guadarrama se alza el Valle de los Caídos. Alberga una abadía y una enorme fosa, donde reposan los restos de más de 33 mil combatientes de la guerra civil pertenecientes a ambos bandos.

Es propiedad del Patrimonio Nacional de España y cada año deja al gobierno dos millones de euros, como consecuencia de las visitas de 300 mil turistas. Un símbolo del franquismo construido con la soberbia que solo pueden conferirse a sí mismos los dictadores. Un símbolo de lo que fueron las dos Españas.

Aunque la mayoría de los historiadores conviene en que se emplearon presos políticos en la construcción del gran conjunto monumental entre 1940 y 1958, se ignora con exactitud cuántos llegaron a participar o incluso fallecer durante la obra.

El profesor y doctor en historia Alberto Bárcena Pérez lo investiga en “Los Presos en el Valle de los Caídos”. A partir del cotejo de documentos, testimonios y testigos, cifra en 20 mil los presos republicanos que habrían trabajado en el lugar. Reclusos políticos y comunes. Eso sí, según su investigación, no eran trabajos obligatorios, sino que eran los propios presos quienes lo solicitaban porque se beneficiaban así de una exención extraordinaria en su penas.

En cuanto a la siniestralidad laboral, sitúa las muertes entre 14 y 18 personas; una cifra inferior a la de la época. No obstante, construir, entre otras cosas, la que se tiene como la mayor cruz del mundo cristiano, no era tarea fácil. Y a las muertes por accidentes laborales se sumaban quienes enfermaban por silicosis, un daño pulmonar producido por la inhalación de partículas de sílice.

La tumba de Franco

Fue el propio rey Juan Carlos el que decidió que Franco reposara para siempre en ese lugar y firmó un decreto que envió al propio abad Luis María de Lojendio. Otros afirman que fue el presidente español Carlos Arias Navarro (1973-76) el que se empeñó en que el general fuera enterrado en la basílica. Lo que parece seguro es que la familia tuvo poco que opinar sobre el lugar en el que debían reposar los restos mortales del dictador.

Algunos medios de comunicación han reproducido la carta que Juan Carlos I de Borbón envió al abad y que decía: “Habiéndose Dios servido llevarse para sí a su excelencia y generalísimo de los ejércitos, el Jefe de Estado, he decidido que os entreguen los restos mortales y los coloquéis en el sepulcro destinado al efecto”.

Los republicanos, uno de los grupos más activos en el Congreso en las reivindicaciones de memoria histórica, consideran que “un gobierno verdaderamente democrático no puede consentir, ni mucho menos apoyar, que continúe con la misma forma y finalidad el monumento levantado a aquellos que se alzaron contra un régimen democrático legalmente constituido, iniciando una guerra con miles de personas muertas, exiliadas o en la miseria e instaurando un régimen totalitario y de terror, caracterizado por la represión política, social, cultural y lingüística”.

En su iniciativa ante la Cámara baja, argumentan que “no se debe consentir que el monumento hecho con la sangre de los defensores de la democracia quede perenne e inmutable, como homenaje a aquellos que lucharon contra la República y la libertad y asesinaron, encarcelaron, expulsaron o esclavizaron a los demócratas republicanos”.

Impunidad y fascismo

El juez Baltasar Garzón ha sido uno de los mayores promotores para que el lugar sea eliminado. “España debería eliminar el Valle de los Caídos. Se tienen que abrir otras vías de Justicia Transicional como una Comisión de la Verdad, como una verdadera reparación a las víctimas, como una erradicación de algunos lugares como ése, que es el paradigma de la impunidad, la represión y el fascismo”.

El escritor y periodista Jon Lee Anderson escribió un artículo titulado “Dinamitar el Valle de los Caídos”: “Me parece una ofensa a la conciencia humana que ese monumento siga en pie y protegido inclusive por el Estado español mientras que el cuerpo del poeta Federico García Lorca, víctima de los mismos hombres allí enterrados, está todavía tirado en un barranco anónimo, en lugar de tener una sepultura digna. Él y unas decenas de miles más, claro”.

El colaborador de la revista The New Yorker recuerda: “Hoy, cuando se cumplen 80 años del ‘levantamiento’ que lideró Franco en el verano de 1936, que provocó la Guerra Civil y terminó con las vidas de por lo menos medio millón de españoles y el exilio de otros tantos —además de alentar a Hitler en su invasión a Checoslovaquia y a emprender la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto— sería conveniente reconciliarse con la historia, y, en un acto solemne, con la aprobación del Parlamento, volar con poderosos explosivos ese monumento a la brutalidad que se llama Valle de los Caídos”.

“Siempre me ha inquietado la tendencia española a la amnesia colectiva y también su tolerancia a convivir con lugares temibles como el Valle de los Caídos. Comenzando con el pacto del olvido que fue el eje de la famosa Transición post franquista, me parece que este empecinamiento español en negar la verdad de su propia historia es la gran flaqueza de su precaria democracia”.

“Allí, entre los escombros de ese lugar tenebroso, España finalmente podría tener su monumento nacional: un sitio en donde no solo los verdugos serían recordados, sino también sus víctimas”, remata Anderson.

Honor a los mártires

Mientras tanto, se dice que el dictador sigue mandando en el Valle de los Caídos. Cayeron las leyes del régimen, cayeron los Principios Fundamentales del Movimiento Nacional y llego la Constitución Española de 1978, pero Francisco Franco sigue manteniendo el control administrativo del Valle de los Caídos.

Y es que su desaparición no ha provocado ningún cambio en el funcionamiento del sitio madrileño. Hasta un ramo de flores eterno se deposita cada día encima de la losa que guarda sus restos. Y lo más paradójico es que este detalle y otros muchos menos visibles son permitidos, sino fomentados, por dos normativas redactadas por la propia dictadura.

Una orden de la Presidencia del Gobierno de 1941 y un Decreto-Ley de 1957 siguen siendo los textos legales que marcan el día a día de la abadía benedictina. Y esas dos normas incorporan “perlas” como “la erección de un magno monumento destinado a perpetuar la memoria de los Caídos en la Cruzada de Liberación” o, más adelante, “el sagrado deber de honrar a nuestros héroes y mártires”.

Pero por encima de estas frases está el mantenimiento de una estructura administrativa que lleva 40 años sin rendir cuentas de sus actividades ante el Estado español.