Agencias
CARACAS, Venezuela.- El Tribunal Supremo de Justicia venezolano resolvió el jueves iniciar un juicio para retirarle la inmunidad a un diputado opositor y poder investigarlo por presuntas irregularidades, que incluirían el tráfico de influencias.

El máximo tribunal anunció en un comunicado que la Sala Plena aprobó la solicitud que realizó el 23 de octubre la fiscal general Luisa Ortega Díaz sobre el diputado Juan Carlos Caldera en un caso que data de 2012.

De acuerdo con The Associated Press, la Sala determinó "que hay mérito para su enjuiciamiento por la presunta comisión de los delitos de suposición de valimiento (relación de influencia con cualquier funcionario público) y legitimación de capitales" y ordenó notificar a la Asamblea Nacional para que "delibere sobre el allanamiento de la inmunidad parlamentaria", señaló el escrito.

La constitución otorga inmunidad a los funcionarios electos por votación popular y establece que para poder someterlos a un proceso judicial el Tribunal Supremo debe autorizar el retiro de la protección legal. El legislativo además debe estudiar el caso para luego aprobar una desincorporación temporal de su cargo y que se pueda adelantar la indagación.

Un mes antes de los comicios presidenciales de octubre de 2012 la televisora estatal VTV difundió un vídeo en el que se veía a Caldera recibiendo dos paquetes con dinero de manos de un hombre cuya voz e imagen estaban distorsionadas electrónicamente.

La oposición acusó al oficialismo de utilizar la grabación para afectar la imagen del candidato presidencial Henrique Capriles de cara a las elecciones en las que resultó vencedor el fallecido presidente Hugo Chávez.

Caldera sostiene que la persona que aparece con él es el asistente de Wilmer Ruperti, un acaudalado empresario naviero que fue al rescate del gobierno de Chávez tras el paro petrolero que enfrentó Venezuela entre fines de 2002 e inicios de 2003.

El delito de valimiento es penado con hasta siete años de prisión, mientras que las penas por legitimación de capitales oscilan entre los 10 y 15 años de cárcel.