EFE
BOGOTÁ, Colombia.- La Defensoría del Pueblo de Colombia alertó sobre el incremento de la violencia por cuenta de las bandas neoparamilitares de Los Urabeños y Los Rastrojos en la isla caribeña de San Andrés.

El Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo hizo un llamado de atención sobre el aumento de la inseguridad en la isla colombiana en los últimos meses, justo un día después de que se registrara un asesinato al parecer por un ajuste de cuentas entre bandas rivales.

De acuerdo con las cifras del organismo, en 2013 se registraron en San Andrés, un paraíso turístico en el Caribe, 20 homicidios, 14 de ellos con arma de fuego.

La isla de San Andrés se ubica a  unos 191 kilómetros al este de Nicaragua y al noreste de Costa Rica y 775 kilómetros al noroeste de la costa de Colombia. Los 26 km² de superficie la convierten en la isla más grande del archipiélago.

Actualmente Colombia ejerce dominio sobre la isla. Aunque Nicaragua reclamaba también soberanía sobre la misma y las islas adyacentes, la Corte Internacional de Justicia dictaminó la soberanía total de Colombia sobre el archipiélago.

Además, el defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, indicó que en los últimos dos años se han reportado al menos cuatro casos de tortura y que además, las células de Los Rastrojos y Los Urabeños presentes en el archipiélago son responsables de amenazas y extorsión denunciadas por la población.

Otálora, que participa en la instalación del Tercer Foro de Análisis del Sistema Penal Acusatorio, expresó también su preocupación por la situación de menores de edad que se encuentran en el albergue temporal del Coliseo Rosado, sobre todo por motivos de hurto, y que podrían ser liberados en dos meses.

El defensor recordó que la atención a estos jóvenes depende de un convenio entre la administración del departamento y la organización no gubernamental Gestos de Paz que vence el 31 de marzo.

Sobrepoblación carcelaria

También pidió a las autoridades penitenciarias de San Andrés que extremen el cuidado de las instalaciones del centro Nueva Esperanza, que según verificó Otálora tiene graves problemas de infraestructura y un hacinamiento del 53 %, pues hay 216 reclusos cuando la capacidad es de 139.

El objetivo, indicó, es prevenir que suceda lo mismo que en la cárcel Modelo de Barranquilla este martes, cuando a raíz de una pelea entre reclusos se ocasionó un incendio que dejó al menos diez muertos y decenas de heridos.