Aline Corpus   

MÉXICO.- El gobernador Jaime Bonilla propuso un SAT estatal para presionar la recaudación tributaria en Baja California, el cual podrá hacer marcaje personal a los contribuyentes con el pago de impuestos de los tres niveles de gobierno.

La propuesta es rechazada por los representantes del PRI, PAN, Partido de Baja California y PRD, quienes en conferencia conjunta consideraron que se trata de una "vía de extorsión", que permite la persecución de empresarios y que busca duplicar la recaudación de 500 a unos mil millones de pesos en el estado.

Según el dictamen 53, que fue revisado el domingo pasado sólo por la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, y no por la de Hacienda, y cuya discusión fue prevista para ayer en la noche por el Congreso local, incluso se formaliza la visita domiciliaria a los contribuyentes.

"Practicar visitas a los contribuyentes, los responsables solidarios o terceros relacionados con ellos y revisar su contabilidad, bienes y mercancías", indica la propuesta. 

Mayor presión a los contribuyentes  

El abogado fiscalista Adolfo Solís Farías, asesor de organismos empresariales, indicó que si bien esas facultades ya las tenía la Secretaría de Hacienda del Estado, este SAT local se focalizará en una mayor presión a los contribuyentes. 

"Habrá una mejora en las facultades de comprobación, en los mecanismos preventivos vinculados a la cancelación del sello digital, vinculados al aseguramiento de cuentas bancarias, y vinculados a hacer auditorías inteligentes", explicó.

"La creación del SAT estatal genera preocupación para el sector empresarial, y esa preocupación resulta que al gobierno federal o estatal no le ha importado la caída en el PIB, de casi 19 puntos, la falta de crecimiento de menos 10 puntos, no le ha importado que en nuestra región las empresas estén cerradas porque seguimos en semáforo rojo", añadió.

Las empresas han despedido personal y aún así se les trata de presionar con un SAT que busca ser más ejecutor, esa es la parte que preocupa a la inversión, insistió.

 (En este gobierno) hay una violación a la ley, un constante atropello de derechos, la ignorancia del ejercicio de procesos administrativos, opacidad, y la falta de claridad es lo que genera mayor temor a la inversión", recalcó Solís Farías.