Ciudad de México.- Además de los accionistas de las empresas, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) fiscalizará a los socios de clubes deportivos y sociales, así como de asociaciones civiles.

Las asociaciones deben entregar al SAT los nombres y el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de cada uno de sus socios, según el artículo 27 apartado B fracción VI del Código Fiscal Federal en su Miscelánea Fiscal 2020.

La disposición ha provocado que agrupaciones hayan enviado cartas de aviso a sus integrantes.

"Es una medida más de control del SAT", explicó Bernardo Elizondo Ríos, del despacho Adame Elizondo Abogados, "para así detectar en el futuro si existen discrepancias fiscales o incongruencias entre gastos y los ingresos que le reportan.

"La autoridad puede extender esta puerta de entrada para un acto de fiscalización mayor causando, incluso, molestias cuando las acciones de estos clubes están a nombre de una persona sin RFC, como puede ser la cónyuge de quien la paga".

El 26 de junio, REFORMA publicó que las empresas y asociaciones debían informar al SAT antes del 30 de junio los nombres de sus socios o accionistas con su RFC.

 Hace unas semanas, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que contaría con información actualizada de las personas que forman parte de una sociedad empresarial y que operen como accionistas para ver la conformación interna de las empresas en México sin importar su tamaño o sector a través de un aviso que deberán entregar 2 millones de personas morales.

Hace dos semanas venció el plazo para cumplir con la nueva disposición que por primera vez se aplicará a raíz de los cambios fiscales que aprobó el Congreso de la Unión el año pasado.

Se establece que tendrán que presentar un aviso en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con información actualizada de los socios o accionistas. Deben incluir el nombre y la clave del RFC de cada uno cada vez que se realice alguna modificación o incorporación.

Esta información podrá ser útil para el fisco para detectar a defraudadores fiscales o posibles delitos con operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Pueden darse casos de que haya prestanombres en las actas constitutivas de las empresas y que de alguna manera también puedan figurar en otras compañías.