Comienzan a perfilarse los límites de la transición tersa entre el régimen calderonista  y el que encabezará Enrique Peña Nieto a partir del 1 de diciembre. Así se interpretó cuando, a pesar de los anuncios antes y después de las elecciones, el mexiquense dijo que presentará pronto una iniciativa para modificar sustancialmente las instituciones encargadas de brindarle seguridad a la población.

Lo que representa una crítica fuerte al concepto que sobre seguridad interna postularon los  gobiernos panistas, que separaron estas tareas de la Secretaría de Gobernación y en especial de este último sexenio, en que se elevaran al rango de Secretaría las tareas policiacas creando, con derroche de inversión, instituciones para el combate al crimen organizado que, paradójicamente, descansó fundamentalmente en el Ejército y la Marina Armada.

Han contribuido a esta discusión el activismo de partida de Felipe Calderón que recién ha dispensado honores fuera de proporción a dos titulares de la Secretaría de Gobernación que fallecieron cuando desempeñaban el cargo. En siniestros que las versiones oficiales atribuyen a deficiencias en el mantenimiento de las aeronaves y/o a la incapacidad de sus pilotos, en tanto que los honores sólo podrían hallar justificación si ellos hubieran caído abatidos a raíz de la guerra contra el crimen organizado.

Situación que a fin de cuentas labora a favor de la iniciativa presidencial, que parte de restablecer la responsabilidad de todas las tareas de seguridad interna a la Secretaría de Gobernación, reivindicando la sujeción de las corporaciones policiacas bajo la autoridad de un funcionario civil, conforme a las exigencias democráticas, y abona a favor de los requerimiento de tener un solo mando para superar los conflictos y pugnas jurisdiccionales.

Empero, hay que saber que la tersura en la transición no implica la homogeneidad en la visión de gobierno propia del continuismo, sino que se trata de cuestiones de carácter formal, que derivan del reconocimiento de la victoria del triunfador, de la cortesía  política y de la disposición para colaborar –exclusivamente–  en las tareas del cambio de mando, que son comunes en la llamada normalidad democrática.

Visión alternativa necesaria en este tema de la guerra, o el combate, al narcotráfico, donde el gobierno de Calderón ha sido duramente criticado, más allá del terreno partidista, por organizaciones de la sociedad civil que han denunciado su alto costo en vidas humanas, “daños colaterales” y confusiones fatales que tasan su saldo entre 60 mil y 100 mil bajas, además de un número indeterminado de “desaparecidos”, que supera en demasía a las víctimas de cualquiera de las guerras que se han librado, en cualquier país del ancho mundo, a lo largo de este sexenio.

Así como la gran cantidad de “desplazados”  y el grave problema de violación masiva a los derechos humanos  que ha acarreado y que ha puesto en entredicho nuestro Estado de Derecho, donde los excesos protagónicos de Genaro García Luna han vulnerado la credibilidad e imparcialidad del sistema judicial, con pifias incluso en el llamado “Debido Proceso”, que han causado escándalos internacionales.

De lo errado de la estrategia hablan los escasos resultados obtenidos en cuanto a la disminución del consumo de drogas en el país y de su trasiego a los Estados Unidos, primer consumidor mundial, así como la beligerancia y violencia de las organizaciones criminales que se han exacerbado a pesar de que han sido nulificados, según datos oficiales, las dos terceras partes de los principales capos.

Resulta pues socialmente adecuado emprender modificaciones sustanciales en el terreno de la seguridad en busca, en primer lugar, de reducir drásticamente el impacto del crimen organizado en la población y, mediante la reducción de la fluidez de sus recursos financieros y medidas que respondan a las leyes del mercado, restar rentabilidad a las empresas delincuenciales. En este terreno han coincidido dos ex presidentes mexicanos con la tendencia mundial de legalizar el consumo de la marihuana.      

Sobre la organización policiaca, Peña Nieto propone cerrar el paso al crimen organizado, con la creación de un cuerpo de gendarmería, con formación altamente profesional y especializada, con un solo mando federal,  como se hace con éxito en los países de Europa y Latinoamérica, que permita a las instituciones que preservan la soberanía territorial nacional  retornar a sus cuarteles sin someterse al desgaste que proviene del combate a los delitos comunes.

Y por el otro lado, cortar de tajo la influencia del crimen organizado en los cuerpos policiacos más vulnerables, por su escasez presupuestaria, los municipales, estableciendo un solo mando a través de la policía estatal.

No es sólo una visión diferente sobre la manera de proteger a la población de las consecuencias  del crimen, es una estrategia que ha demostrado su efectividad y eficiencia en regiones importantes del planeta.