Brasil y Holanda retiran embajadores en Indonesia tras ejecuciones

La presidenta Dilma Rousseff dice que se 'afectan severamente las relaciones entre nuestros países' y condena la pena de muerte.

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Marco Archer Cardoso Moreira murió fusilado junto con otros reos de diversas naciones, en Indonesia. (Agencias)
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Agencias
SAO PAULO, Brasil.- Los gobiernos de Brasil y Holanda retiraron sus embajadores en Yakarta, capital de Indonesia, luego de la ejecución ordenada por autoridades indonesias de un brasileño y un holandés, entre otros reos condenados por tráfico de drogas.

La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, condenó ambas ejecuciones y dijo que éstas "afectan severamente las relaciones entre nuestros países", informaron medios de prensa, según publica Notimex.

En un comunicado, Rousseff dijo que "el uso de la pena de muerte, que la sociedad global condena cada vez más, afecta severamente las relaciones entre nuestros países".

El brasileño ejecutado fue identificado como Marco Archer Cardoso Moreira, de 53 años y oriundo de Río de Janeiro, en el sureste de Brasil, quien fue condenado en 2004 por introducir más de 13 kilos de cocaína al país asiático.

El gobierno holandés también convocó a su representante diplomático en Yakarta y condenó la ejecución del ciudadano holandés identificado como Ang Kiem Soei.

Otros tres extranjeros, procedentes de Nigeria, Malawi y Vietnam, también fueron ejecutados, lo mismo que un ciudadano indonesio.

El canciller de Holanda, Bert Koenders, consideró la ejecución como "un castigo cruel e inhumano que representa una negación inaceptable de la integridad y dignidad humana".

Sobre el tema, el presidente de Indonesia, Joko Widodo, quien asumió el poder en octubre último, refirió en su cuenta de la red social Facebook que "la guerra contra la mafia de la droga no se puede llevar a cabo con medidas tímidas”.

Widodo dijo que las drogas “han arruinado la vida de los drogadictos y de sus familias".

Los seis fusilamientos son las primeras penas capitales ordenadas por Widodo en Indonesia, donde rigen severas leyes contra el tráfico de drogas, y en donde las ejecuciones se reanudaron en 2013 tras una pausa de cinco años.

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