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En breve, el Congreso discutirá la reestructuración del gobierno. El gabinete, en su estructura, tendrá cambios importantes, a saber, la desaparición de la Secretaría de Seguridad Pública y la de la Función Pública, dos dependencias de creación reciente que encaran una realidad: México es más inseguro y más corrupto que siempre.

El debate se enciende porque lo que ahora es y hace la SSP pasará a la Secretaría de Gobernación. El hecho inevitablemente hace presente el recuerdo de la policía política del pasado autoritario, aunque hay quien señala que García Luna, desde la dependencia a su cargo, hizo mucho de eso; incluso, en el PRI se dice que las grabaciones ilegales de gobernadores en 2010, que fueron utilizadas por el PAN en los comicios de Veracruz, Sinaloa, Oaxaca y Puebla, fueron trabajo de inteligencia de dicha dependencia y, más recientemente, el espionaje telefónico del que fue objeto Josefina Vázquez Mota.

Es deseable que los hechos se investiguen y que algún día se confirmen o desmientan fehacientemente. Esto ha hecho circular la especie de que el vínculo entre el presidente Calderón y García Luna era de complicidad, derivado del espionaje político.

El presidente electo Peña Nieto, al hacer cirugía mayor a la dependencia responsable de seguridad pública, contrae un compromiso significativo: si las cosas no mejoran en el ángulo de la percepción (no necesariamente de los resultados) será señalado como un importante error.

Es claro que la motivación y el objetivo del presidente electo es mejorar la respuesta gubernamental frente al crimen; también es cierto que es necesaria una mejor y más amplia relación de la Federación con las autoridades locales y municipales; un policía, por bueno que sea, no está ni da para eso. Esto requiere de relación política, pero también de presupuesto.

Dicen los que saben que la Secretaría de Gobernación, al ser despojada de las atribuciones en materia de seguridad, se quedó sin dientes. Puede ser, pero en el México de ahora no hay lugar para el control político desde el gabinete mediante el uso de recursos autoritarios propios de un sistema político que, para bien de todos, quedó atrás. 

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