Rolando Herrera/Agencia Reforma
MÉXICO, D.F.- A ocho años de la entrada en vigor de la Ley del Registro Público Vehicular (Repuve), las autoridades están lejos de poder identificar por medio de chips los automóviles que circulan en el país.

Sólo a 9.2 por ciento --3.1 millones-- de los 33.8 millones de automotores registrados les han sido colocados sus hologramas.

En la Ley del Repuve se establece que todos los vehículos deben ser registrados en una base de datos nacional y que cada uno debe contar con un chip que pueda ser leído mediante radiofrecuencia.

El Presidente Felipe Calderón inició en Morelos la colocación de los chips en junio de 2009.
Mario Croswell, director de la Oficina Coordinadora de Riesgos Asegurados (OCRA), consideró que el Repuve ha sido un fracaso en los dos sexenios panistas, pues, tras casi 12 años, no se ha podido consolidar el registro vehicular.

"Se perdieron los seis años de la Administración de (Vicente) Fox en crear el registro público vehicular", señaló.

La escasa colocación de los chips, agregó, obedece a la falta de voluntad política de las autoridades, que no han entendido que un buen padrón de autos inhibiría el robo de automotores y, con ello, disminuirían otros delitos, como el secuestro, la extorsión y los homicidios.

"Yo creo que son algunas cosas (que han provocado el retraso). Una puede ser falta de recursos en los estados para hacerlo.

"Y dos, la falta de voluntad política en el Estado al no entender que el robo de vehículos y su comercialización detona en otro tipo de delitos, como narcomenudeo, extorsiones y secuestros, para los cuales, los malhechores usan carros robados, no los carros particulares que ellos compraron", indicó.

El Repuve constituye el tercer intento por contar con un padrón nacional de automotores.

El primero fue en 1977, cuando se creó el Registro Federal de Vehículos con fines de recaudación fiscal.

El segundo, en 1998, cuando surgió el Registro Nacional de Vehículos (Renave), que fracasó tras darse a conocer que a quien se le había concesionado la base de datos era Ricardo Miguel Cavallo, un ex militar argentino acusado de delitos de lesa humanidad que vivía en México con una identidad falsa.