Susana Mariscal/SIPSE (Tercera Parte)

CANCÚN, Q. Roo.- En el país ya se dieron avances y pasos para erradicar la violencia hacia las féminas en los diferentes ámbitos (hogar, escuela, trabajo, institucional), con la creación de Centros de Justicia para las Mujeres. Sin embargo, en nueve entidades de la República, entre ellas Quintana Roo, se carece de este centro de atención integral (médico, jurídico y psicológico), que tiene como fin generar la denuncia entre las mujeres y así tener números reales sobre esta problemática, de la cual no se tienen estadísticas concretas.

 

México recibió varios llamados de atención porque dispone de poca información sobre la problemática en general de las mujeres, por lo que hace varias observaciones en trata, violencia familiar y sexual desde las estadísticas hasta las acciones hechas por los gobiernos. 

 

La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw, por sus siglas en inglés), emitió un documento que se llama “Lista de Cuestiones y Preguntas” relativas al examen de los informes periódicos que presentó México sobre estadísticas de violencia de género, y la Convención regresó el análisis del último informe. 

 

Con estos centros se pretende responder a los señalamientos y recomendaciones que emitió la Cedaw en julio del presente año, con respecto a que México no tiene cifras específicas sobre la violencia contra la mujer. De acuerdo con la información del Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, 21 estados participan este año en el Programa de Prioridad Nacional para Acceso a la Justicia para las Mujeres y cumplir así con la recomendación de la Cedaw.

 

Mónica Franco Muñoz, criminóloga y especialista en el tema, dijo que si bien ya hay marcos legales y atención a la mujer a través de la organización civil e instituciones gubernamentales, es importante contar en la entidad con este centro donde se brinde toda la atención y ayuda y no esté dispersa; con ello las mujeres no deambularán por toda la ciudad en busca de las instancias correspondientes para atender su problema.   

 

Explicó que dichos centros se implementan en las entidades con recursos federales que se asignan a través de los fondos para seguridad pública para la compra de armas y patrullas; pero la federación propone que parte de estos recursos los estados inviertan en el programa de los centros; son los estados quienes deciden participar o no para obtener esos recursos.   

 

Con estos centros de justicia se pretende optimizar la atención de las mujeres  y propiciar la denuncia en la mujer, porque las que sufren violencia muchas veces desisten de buscar apoyo por el alto costo que representa, pues la gran mayoría es de escasos recursos y por ello un buen número de casos, la llamada cifra negra, no denuncia.

 

El tener la problemática concentrada permitirá tener de primera mano y sin darse el cruce o duplicado de la información sobre la violencia familiar, violencia sexual, maltrato infantil y cualquier aspecto de discriminación o inequidad de género.

 

Franco Muñoz señaló que la implementación de estos centros generará que aumente el número de casos, pero no significa un aumento de la violencia, sino que ya se podrá tener una medición más real del problema; pues además de la atención integral y acercar la justicia a la mujer, el objetivo que se persigue con estos centros es contar con cifras oficiales.  

 

Es importante atender la violencia pero primero hay que entender sus generadores desde la escolaridad, con acceso a las mujeres a la educación, empoderarlas para que así tengan un mayor desarrollo socioeconómico, ser más independientes y con ello mejorar su autoestima; por lo que es mucho trabajo por hacer con las mujeres.

 

La criminóloga refirió que la desigualdad hacia las mujeres parte de la cultura androcéntrica o machismo, donde la mujer se considera como objeto que se puede utilizar, “que ya están en edad de merecer” o no tienen que cuidarse con preservativos si ya es su pareja; por lo que esa cultura es el origen de la problemática social que va en contra de las mujeres y termina en violencia. 

 

En la actualidad hay avances; en materia normativa ya se tienen bastantes cambios, con ejercicios de armonización legislativa en algunas leyes importantes del estado y también se trabaja en ajustar algunas más. 

Además se tiene una mayor capacidad de atención en las problemáticas de violencia contra la mujer; a como se estaba hace cinco o 10 años atrás, hay más herramientas legales, instituciones, programas gubernamentales con planes de acción que en sexenios anteriores no había; con becas “ha mejorado mucho, cambios favorables para las mujeres, pero sigue siendo poco suficiente, porque ha sido una problemática históricamente desatendida, hay un rezago muy grande en la atención a las mujeres”.

 

Sin embargo, aún hay desfasamientos y es mucho lo que debe modificarse desde la Constitución para cumplir con los tratados internacionales en los que México es firmante, para hacer la armonización en materia de derechos humanos en todas las normas y reglamentos tanto de la entidad como de los municipios. 

 

El siguiente paso es empezar desde el lenguaje sexista que se maneja en los ordenamientos del estado y de la misma Constitución y empezar a trabajar en el cambio de las personas que aplican o administran las leyes, pues influye la moral y los prejuicios que tengan al momento de la aplicación de las normas. Un ejemplo de ello es que un juez puede considerar un delito no tan grave ni que amerite alta penalidad o reclasificarlo por un delito menor, a un abuso sexual y tipificarlo como violencia familiar porque se dio en casa; entonces con esa situación se produce una violencia institucional. 

 

Ante ello es necesario que legisladores locales promuevan iniciativas para que los administradores de justicia y los relacionados con los asuntos de violencia, desde el policía hasta el juez estén certificados y con formación de perspectiva de género, lo cual es otro de los aspectos que se trata de cubrir con los centros de justicia para las mujeres y así haya un verdadero acceso a la justicia. 

 

En el caso de Quintana Roo, Franco Muñoz indicó que se cae en varias violaciones a las mujeres y sus derechos, no sólo en lo físico, sexual, económico y emocional, sino en lo profesional, porque aún es baja la participación de las féminas en centros de trabajo públicos y privados con cargos de alto rango, no se cumple con la equidad de género, sino que tanto en el estado como en el municipio siguen predominando los hombres para encabezarlos.   

 

Otro reflejo de la disparidad ligado con el aspecto laboral, son los niveles muy bajos de jubilación femenina, porque muchas mujeres no cuentan con seguridad social, precisamente por la predominancia masculina.

 

Las mujeres violentadas viven en esa problemática desde la infancia en su mayoría, con la violencia sexual, acoso, abuso o violación, así como explotación laboral, prostitución infantil, trata de personas, adolescentes embarazadas, mujeres infectadas, todo ello consecuencias de la deficiente cultura sexual. Por ello es importante trabajar desde la casa, escuela e instituciones de forma coordinada para abatir la problemática. 

 

En el país ya se cuenta con un Banco de Información sobre Violencia, pero en la entidad, además de centrarse más en la atención a la problemática de la violencia hacia la mujer, es necesario implementar un sistema de información que opere en todas las unidades que atienden violencia, desde organizaciones de la sociedad civil e instituciones públicas para contar con estadísticas puntuales homologadas en las distintas instituciones, registros con las mismas características sobre edad y sexo. Actualmente no es así, cada quien lo tiene a su manera y con ello poder darle seguimiento a cada caso de principio a fin y definir su gravedad, pues actualmente la Cedaw no tiene precisado cuántas de las víctimas son niñas, adolescentes o adultas y si hubo un seguimiento hasta el final y en cuántos casos se marcó una sentencia.

 

(Edición: Florencio Sabido)