A. Madrigal/Milenio
MÉXICO, D.F.- El secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet, aseguró que la prueba Enlace puede desaparecer y que será el Instituto Nacional de la Evaluación de la Educación (INEE) el que decida los nuevos instrumentos de valoración para el Sistema Educativo Nacional.

“Podría (desaparecer), eventualmente nosotros estaremos a lo que nos diga el nuevo órgano constitucional autónomo, formado por cinco esplendidos educadores, y ellos nos van a dictar cuáles son las normas para la evaluación no solo de nuestros alumnos y maestros, sino del sistema en su conjunto”, dijo.

Chuayffet aclaró que en estos momentos y con la actual reforma educativa, la prueba puede tener cambios inmediatos. Respecto a la denuncia sobre la venta de este examen, aseguró que las quejas se llevarán ante al Ministerio Público y la Función Pública para que se sancione a los responsables.

“Yo no soy la autoridad para investigar una conducta delictiva, lo que es delictivo es vender una prueba, robársela, eso es un delito. (Las denuncias) las voy a remitir, pero si no hay elementos de prueba, tenemos la doble tarea de llevarlas a Función pública y al MP”, refirió el secretario.

Sin embargo, precisó que actualmente la secretaría a su cargo “no tiene prueba alguna, de las indagaciones que nosotros hemos hecho, tampoco de que esto haya sucedido”, por lo que otras instancias deben investigar.

“No estoy defendiendo el que no se haya dado la posibilidad de delinquir con la aplicación de la prueba, estoy diciendo que hasta este momento la secretaría no tiene prueba alguna”, concluyó.

Decreto de obligatoriedad

La Presidencia de la República publicó este lunes el decreto que establece que el Estado está obligado a prestar servicios educativos desde prescolar hasta el nivel medio superior, contenido en la Ley General de Educación, que fue reformada para este fin.

El texto que aparece en el Diario Oficial de la Federación señala que el Estado promoverá y atenderá “directamente, mediante sus organismos descentralizados, a través de apoyos financieros o por cualquier otro medio, todos los tipos y modalidades educativos, incluida la educación inicial, especial y superior, necesarios para el desarrollo de la Nación”, según el artículo 9.

Las reformas se hicieron en los artículos 3, en el segundo párrafo del 4; en el 9; segundo párrafo del 37; en el 65, primer párrafo de la fracción I; y en el 66, fracción I. Se adicionan la fracción IX Bis al artículo 12 y la fracción VI Bis al artículo 13 de la Ley General de Educación.

El decreto dispone la obligación de los mexicanos de hacer cursar a sus hijos la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior, así como quienes ejercen la patria potestad o la tutela tienen que obtener inscripción en escuelas públicas para que reciban formación hasta ese nivel.

Entra en vigor el día siguiente al de su publicación, es decir este martes, e instituye que a los estados les tocará participar en la integración y operación de un sistema nacional de educación media superior.

Asimismo, indica que los mexicanos harán que sus hijos o pupilos menores de edad cursen la educación preescolar, la primaria, la secundaria y la media superior.

En el artículo 65 se instauran los derechos de los padres o tutores. En su fracción primera destaca que serán éstos los que obtengan la inscripción en escuelas públicas para que sus hijas, hijos o pupilos menores de edad reciban la educación hasta media superior. Y en el artículo 66 es una obligación hacer que sus hijos reciban la misma educación.