Por calles de la capital circulan ya seis nuevas unidades de transporte urbano. El tema de la concesión fue motivo de largas discusiones en Cabildo, pocos postores para brindar el servicio, los empresarios locales –los de antaño– haciendo labores de “bomberos” y al cabo el único postor, Martín Salvador Guerrero Bazán, adelantó su intención de solicitar un ajuste a las tarifas, cuando los chetumaleños siguen esperando las otras 54 unidades comprometidas a unos días de que concluya el año.

Ya sabe usted que no faltan los comentarios extraoficiales, sobre todo cuando se trata de temas controversiales, y para el caso, el empresario michoacano habría aceptado venir casi por agotamiento, tras largas sesiones de súplica, porque no hubo quien más le entrara a la convocatoria emitida por el Ayuntamiento de Othón P. Blanco, dadas las condiciones y exigencias plasmadas en el documento.

Ahora, la concesión del transporte urbano en la capital parece haberse renovado apenas en el papel, porque de las 60 unidades que supuestamente entrarían en operación para 15 rutas, escasamente transitan seis, tres de ellas sin aire acondicionado, las otras tres con el equipamiento, pero solo uno funcionando, y cubriendo cuatro rutas.

Y mientras los dueños de combis del servicio colectivo ya aguardaban al empresario con una estrategia muy particular para “reventarlo” en no más de cuatro meses –esto, dicho por miembros del sindicato, preparados para no dejar escapar “la chuleta”–, la XIV Legislatura mantiene en el cajón del olvido la solicitud de ampliación de la concesión del Servicio Público de Transporte Urbano a 10 años y no solo para el periodo constitucional del gobierno municipal, es decir, tres años.

El alcalde Eduardo Espinosa Abuxapqui subrayó la necesidad de que el Congreso del Estado diera entrada a la solicitud, pues de tal ampliación depende la liberación del resto de las unidades prometidas por el concesionario, condición de garantía impuesta por la financiera contratada por este para hacer frente al compromiso, que aplazó una y otra vez.

Se habla de 24 mil capitalinos usuarios de este servicio afectados, pero no faltó el disoluto comentario de que los diputados pusieron precio a su tiempo de curul, y que aguardaban un “cañonazo” de cinco millones de pesos para hacer la chamba.

Probablemente no todos se hayan involucrado en este supuesto, aunque el hecho de que la solicitud, con todo y su apremiante etiqueta, inexplicablemente permanezca en suspenso, da pie a la suspicacia.

Ahora los legisladores tientan a un periodo extraordinario de sesiones, después del riguroso receso “Guadalupe-Candelaria”, pero están sobre la mesa las cuentas públicas de dependencias, organismos y ayuntamientos, que deberán subsanar más de 118 millones de pesos en irregularidades detectadas por la Auditoría Superior del Estado.

Así las cosas con el transporte público capitalino, habrá quien se pregunte la razón por la que, en su momento, el Cabildo othonense no autorizó al Grupo ADO y a su filial Bahía el incremento de tarifa para seguir operando sus unidades, por mucho más decentes que las que transitan en ciudades cosmopolitas, como Cancún o Mérida.