23 de Octubre de 2018

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Multas a padres de niños obesos

El problema de la obesidad infantil en México y en otras naciones de América Latina se ha convertido en un verdadero problema de salud pública...

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El problema de la obesidad infantil en México y en otras naciones de América Latina se ha convertido en un verdadero problema de salud pública, sin que las leyes y planes gubernamentales estén logrando los resultados esperados, de ahí que en Puerto Rico un senador ha presentado un polémico proyecto de ley para multar a los padres de los niños obesos y que podría ser copiado por otros países, incluido el nuestro. 

De acuerdo con las últimas cifras de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), en México 29 por ciento de las niñas y 28.1 por ciento de los niños de 5 a 17 años sufre de sobrepeso. El país ocupa el cuarto lugar en obesidad infantil a nivel mundial. En los últimos 20 años el crecimiento de la obesidad en los niños se ha incrementado y pasó de un 5 a casi 30 por ciento. 

En abril del año pasado la Cámara de senadores aprobó por unanimidad reformas a la Ley General de Salud que destierran la comida chatarra de las escuelas y en ellas impone la práctica de actividad física diaria de los alumnos, como medidas para atacar el problema de la obesidad y el sobrepeso infantil. Aunado a lo anterior se decidió incrementar el impuesto a las bebidas azucaradas, con la intención de desalentar su consumo y de paso recaudar una cifra estimada en 12,455 millones de pesos (950 millones de dólares).  En otros lugares como Ecuador, el gobierno intentó aplicar impuestos especialmente altos a las principales franquicias de comida rápida de origen estadounidense Mac Donalds y Burger King.

La iniciativa del legislador puertorriqueño Gilberto Rodríguez Valle, que se debate ahora en el Senado, propone multar a padres de niños obesos y acusarlos de maltrato si durante un período determinado los menores no muestran mejoras en su condición física. La propuesta establece que el Departamento de Educación sea el responsable de identificar los casos en mayor riesgo de obesidad infantil que no sean producto de una condición de salud preexistente o aleatoria y orientar a los padres sobre las consecuencias de ese mal. Si a los seis meses considera que el menor no ha mejorado, el trabajador social podrá remitir el caso al Departamento de la Familia. Si pasado un periodo similar sigue sin haber mejora se   multará a los padres o encargados del niño con 500 dólares. Si seis meses después tampoco hay progreso, se impondría otra multa de 800 dólares. 

La propuesta de Rodríguez Valle ha sido extremadamente polémica pues hay quienes la descalifican con y sin razonamientos válidos, pero sus defensores argumentan que la obesidad infantil es un grave problema de salud que a la larga se convertirá en una pesada carga para el estado, pues un niño obeso podría desarrollar enfermedades del corazón, diabetes y otras patologías crónicas. De aprobarse, se prevé una oleada latinoamericana de legisladores interesados en copiarla, aunque motivados quizá no tanto por un sano interés de reducir los altos índices de obesidad entre jóvenes y adolescentes; sino por la enorme recaudación fiscal que la propuesta pudiera generar.

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