Milenio
MÉXICO, D.F.- Las comisiones unidas de Gobernación y Seguridad Pública de la Cámara de Diputados aprobaron en lo general la propuesta de reorganización gubernamental del presidente electo Enrique Peña Nieto, que entre otros aspectos prevé la extinción de la Secretaría de Seguridad Pública y el traslado de sus funciones a la Secretaría de Gobernación.

Con el respaldo del PRI, PAN, PVEM y Nueva Alianza, las comisiones dictaminadoras dieron luz verde al proyecto, aunque Acción Nacional se manifestó contra la desaparición de la Secretaría de la Función Pública y reservó ese punto para su discusión en lo particular.

Los diputados del PRD, PT y Movimiento Ciudadano se pronunciaron en contra de la iniciativa, por considerarla una propuesta “restauradora del viejo régimen” y advertir que la consecuencia sería restablecer un “Estado Gendarme”.

La izquierda consideró que es una propuesta que restaura el viejo régimen

En la reunión conjunta de las comisiones dictaminadoras, los priistas Alejandro Montano y Arnoldo Ochoa reafirmaron el respaldo tricolor a favor de las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y negaron cualquier riesgo de regresión al pasado.

A nombre del PAN, el legislador Juan Jesús Aquino remarcó que su bancada está de acuerdo con el traslado de las funciones de seguridad pública a la Secretaría de Gobernación, pero sin darle más facultades policiacas, ni permitir el uso político de esas atribuciones.

Subrayó, sin embargo, que Acción Nacional está contra la desaparición de la Secretaría de la Función Pública, en tanto no exista un nuevo órgano constitucional para combatir la corrupción.

De igual modo expresó el desacuerdo panista con la integración del Instituto Nacional de las Mujeres y la Comisión Nacional de los Pueblos Indígenas a la estructura de la Secretaría de Gobernación.

En representación del PRD, el diputado Fernando Belaunzarán sostuvo que la de Peña Nieto es una “propuesta restauradora del viejo régimen”, mientras su correligionaria Lizbeth Rosas advirtió que la reforma convertiría al secretario de Gobernación en un vicepresidente con funciones policiacas y en el subcomandante de las Fuerzas Armadas de México.

Expresaron por ello su posición contra la iniciativa del presidente electo, al igual que los diputados Alfonso Durazo, de Movimiento Ciudadano, y Manuel Rafael Huerta, del PT.