Arranca batalla legal por lámparas de Mérida

AB&C Leasing presentó un voluminoso expediente para impugnar diversos actos del Ayuntamiento.

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Francisco Moya Gómez, vocero y secretario de la empresa AB&C. (Milenio Novedades)
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Martha Chan/SIPSE
MÉRIDA, Yuc.- La empresa AB&C Leasing promovió ayer un juicio de nulidad en contra de actos administrativos del Ayuntamiento de Mérida, ante el Tribunal de Justicia Electoral y Administrativa de Yucatán, con este hecho, inicia la batalla legal y prolongada, tan anunciada por ambas partes en días recientes.

A las 10 horas un grupo de abogados de la empresa AB&C, entre ellos el vocero y secretario de esa compañía, Francisco Moya Gómez, se presentó con un voluminoso expediente que contiene la demanda de nulidad en contra de diversas autoridades del Ayuntamiento, impugnando diversos actos en relación con el sonado tema de las luminarias.

En entrevista, el magistrado presidente del Tribunal, Miguel Diego Barbosa Lara, se disculpó al no dar mayor información porque aún se revisará la documentación y anexos que fueron presentados.

Posteriormente, dijo, el expediente se turnará al magistrado que corresponda para el estudio y análisis de la demanda, y actuar como legalmente corresponda.

El juicio fue promovido tras concluir la sesión pública en la que el Tribunal de Justicia Electoral y Administrativa del Estado resolvió un juicio para la protección de los derechos políticos y electorales, promovido por una ciudadana en caso particular.

Por la tarde, AB&C Leasing de México, S.A.P.I. de C.V. (AB&C Leasing), manifestó en un comunicado que, como Empresa Socialmente Responsable (ESR), de ninguna forma haría algo que pudiera afectar a la comunidad de Mérida, por lo que desmiente en forma categórica que vaya a desmontar las luminarias instaladas en la capital yucateca.

AB&C Leasing informó a los habitantes de Mérida que el contrato de arrendamiento de luminarias con la ciudad sigue vigente y que, en cualquier caso, la decisión del actual Ayuntamiento de rescindirlo en forma anticipada deberá someterse a la decisión de las autoridades competentes.

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