Israel Cárdenas/MÉRIDA
La Auditoría Superior del Estado (ASEY) mantiene 46 denuncias penales ante la Vicefiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, de la Fiscalía General del Estado, contra ex alcaldes y ex funcionarios de 30 municipios por presunto daño patrimonial.

Se trata de un monto global de 20 millones 933 mil 398.62 pesos, durante el trienio 2015-2018.

Son irregularidades encontradas en la cuenta pública de 2017 y el mayor daño patrimonial se registró en el Ayuntamiento de Progreso, que encabezó José Isabel Cortés Góngora, por un monto de 7 millones 929 mil 805.91 pesos.

Asimismo, la afectación a la Comuna de Baca fue de dos millones 72 mil 532.86 pesos, durante la gestión de Joaquín Humberto Xuffi Cárdenas y la del ayuntamiento de Maxcanú fue de 2 millones 456 mil 812.37 pesos, durante la gestión de Rómulo Isaías Uc Martín.

Según se informó, la Vicefiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción continúa las indagatorias y las integraciones de las carpetas de investigación para determinar lo que corresponda.

En este contexto, las 46 denuncias promovidas por la ASEY son contra ex alcaldes y ex funcionarios de los ayuntamientos de Motul, Cantamayec, Celestún, Chankom, Conkal, Mayapán, Tahmek, Panabá, Suma, Telchac Pueblo, Chikindzonot, Chocholá, Dzán, Baca, Dzitás, Yobaín, Tekax, Maxcanú, Acanceh, Bokobá, Cacalchén, Kaua, Kinchil, Kopomá, Panabá, Peto, Progreso, Sanahcat, Ticul y Tixkokob.