Hace unos días Novedades Yucatán publicó una nota sobre un boicot a Chichén Itzá, señalando que los integrantes de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes de Quintana Roo dejarán de vender los tours a esa zona prehispánica, esperando que esta medida dure de quince días a un año como presión para negociar la cuota de acceso.

Esta forma de presionar al gobierno va en respuesta al alza de tarifas para el acceso de los extranjeros a las zonas arqueológicas y principalmente a la de Chichén Itzá. Con esta medida se espera que el Gobierno del Estado modifique el precio de la entrada para los turoperadores.

En mi opinión, el aumento de tarifas por parte del Gobierno del Estado no se refleja en las unidades de servicio; desde las administraciones anteriores se carece de insumos para los baños, el personal no cuenta con uniformes, los estacionamientos ya están rebasados, hace falta señalética, ya no se proporcionan trípticos de orientación, la señal de internet y la del teléfono son pésimas y mejor allí le paramos de enumerar.

Se ha olvidado que el cobro por el uso del área de servicios se generó fundamentalmente para que un porcentaje de ese recurso se reinvirtiera en el mantenimiento, la conservación y la investigación en las zonas arqueológicas que cuenten con unidades de servicio del gobierno estatal. Haciendo cuentas, tienen una deuda muy grande con los sitios arqueológicos de donde obtiene generosos recursos.

Los visitantes y la sociedad que pagan su cuota por visitar la zona arqueológica no tienen conocimiento claro de a dónde se destina ese gran ingreso. Es de creencia popular que el recurso es la caja chica de funcionarios que se llenan las bolsas a su paso por el patronato de Cultur.

Esperaría que este anunciado boicot se prolongue el tiempo que sea necesario y ojalá se tome más de un año. Hoy día se ha rebasado la capacidad de carga de la zona arqueológica de Chichén, que está recibiendo más de dos millones de visitantes al año. Eso representa la afectación del patrimonio edificado, el daño a la flora y la fauna, igual que el crecimiento urbano, la infraestructura turística, los más de ochocientos vendedores dentro de la ciudad de los itzaes, los setecientos guías de turistas que circulan dentro de la zona arqueológica, porque todos contaminan y afectan al patrimonio.

Este es un problema serio y la solución se ha quedado en intenciones. Esta medida es excelente para beneficiar al patrimonio; enhorabuena, señores promotores, y que el boicot se prolongue por el bien de esta riqueza cultural.