Israel Cárdenas/Mérida

Candidatos al cargo de magistrado presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios de Yucatán presentaron ayer planteamientos ante el Congreso del Estado para terminar con los conflictos laborales que han dejado deudas por más de 600 millones de pesos a los ayuntamientos tras los juicios promovidos por ex trabajadores despedidos sin liquidación.

También durante la jornada de ayer la Comisión de Desarrollo Económico y Fomento al Empleo del Congreso local aprobó por unanimidad el dictamen para expedir la Ley de Mejora Regulatoria del Estado, que incluyó propuestas de cámaras empresariales y de la sociedad civil.

Respecto del proceso para elegir a un magistrado del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios, el diputado y presidente de la Comisión de Justicia y Seguridad Pública, Luis Borjas Romero, declaró que en los próximos días se pronunciarán sobre la elección del nuevo funcionario de entre los tres aspirantes propuestos por el Ejecutivo, Armando Agustín Aldana Castillo, Gabriela Gutiérrez de los Santos, y Grettel Giovanna Escalante Rendiz.

El aspirante a magistrado y presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, Armando Aldana Castillo, dijo que es necesario integrar mesas de diálogo en las que participe un conciliador del tribunal, un representante del ayuntamiento y uno de la parte denunciada para llegar a un acuerdo.

“Hay que hacer un gran trabajo, yo creo que en la situación en que está el Estado sí se puede pasar a otra etapa, podemos vivir otra etapa diferente en Yucatán, yo siento que primero se debe tener un inventario para ver qué es, cuántos casos hay y la realidad de los ayuntamientos, e integrar mesas conciliatorias”, dijo.

“No puedo decir prepárense ayuntamientos porque viene un cambio electoral y van a sacar a la gente, no, no lo puedo decir, tenemos que crear estrategias y habilidades jurídicas internas para coordinarse y hacer una buena defensa ante el proceso, porque la Ley del Tribunal para los Trabajadores claramente clasifica al personal de base y al de confianza, y ahorita es muy penoso que todos los de confianza igual digan ‘yo también voy a demandar’, y eso es igual tener ética, hay que ser muy precisos”, indicó.

Por su parte, la aspirante a magistrada Gabriela Gutiérrez dijo que buscará privilegiar la solución de los conflictos, sin afectar los procesos y el derecho del trabajador, además de que no tolerará la corrupción dentro del tribunal; en tanto que Grettel Escalante declaró que se necesita contar con el personal capacitado en el tribunal para que sea distribuido de manera correcta y cumplir con los conceptos del mismo, además de crear condiciones adecuadas para trabajar de manera coordinada con las autoridades que intervengan con los procedimientos, para generar planes de trabajo.