Luis Fuente/MÉRIDA
La Fiscalía General del Estado (FGE)  pidió la pena máxima para Martín Alberto Medina Sonda, la cual es de 50 años por el delito de feminicidio agravado, por mandar asesinar a su ex esposa, Emma Gabriela Molina Canto. 

También, solicitan 40 años de cárcel para Juan Ramón Moreno Hernández, por homicidio calificado, mientras que los asesores jurídicos de la denunciante, Ligia Canto Lugo, exigieron la reparación del daño por más de 8 millones y medio de pesos. 

Como informamos en nota aparte, el viernes 6, por unanimidad, el Tribunal Primero de Juicio Oral emitió el fallo de culpabilidad a Martín Alberto Medina Sonda y Juan Ramón Moreno Hernández, alias “Cachorro”. 

El primero por ser el autor intelectual y financiero del asesinato de su ex esposa Emma Gabriela Molina Canto y el segundo, por ser el encargado de contratar a los sicarios tabasqueños que llevaron a cabo la ejecución. 

Este jueves se efectuó la audiencia de individualización de las sanciones, en la que los fiscales reiteraron la petición de la aplicación de la sentencia máxima para Medina Sonda. 

Durante el juicio se demostró los 16 años de violencia familiar que sufrió la víctima, hasta que fue asesinada en la terraza de su casa en el fraccionamiento San Luis de Mérida, el 27 de marzo de 2017. 

Los fiscales aseguraron que también se comprobó el alto grado de peligrosidad de este individuo por la manera en la que planificó el asesinato de su ex esposa, bajo el argumento de que ella se negaba a reinciar la relación sentimental. 

Con la misma argumentación, solicitaron al Tribunal de Enjuiciamiento, que imponga a Moreno Hernández la pena de 40 años de prisión por el delito de homicidio calificado. 

Reparación 

Por su parte, los asesores jurídicos de la denunciante y madre de la víctima, solicitaron la cantidad de 8 millones 611 mil pesos por concepto de reparación del daño por el asesinato de Emma Gabriela. 

La denunciante, Ligia Canto Lugo. (Daniel Sandoval)

Esto con base al sueldo que la víctima percibía por el trabajo que realizaba en el Ayuntamiento de Mérida hasta el día que fue asesinada. 

Los asesores jurídicos aportaron documentos para comprobar los ingresos de Emma Gabriela en la Comuna meridana. 

También, pidieron que se incluya en la sentencia que los acusados cubran los gastos por las terapias psicológicas que requieren los tres hijos menores de la víctima, así como la denunciante Ligia Canto, principalmente los infantes, quienes presenciaron el asesinato de su madre. 

Por su parte, los abogados defensores de los dos acusados se opusieron a que se impongan las sentencias máximas.