Israel Cárdenas/Novedades Yucatán                                                                                           Con 18 votos a favor, el Congreso del Estado determinó la continuidad de Miguel Óscar Sabido Santana al frente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey) ahora como presidente para los próximos cinco años, luego que desde hace un año se desempeñó como encargado del despacho del organismo autónomo.

Ayer lunes a la sesión plenaria del Congreso del Estado asistieron 23 de los 25 diputados locales, y al someter a votación la propuesta, 18 de ellos votaron a favor de Sabido Santana; uno a favor de Adriana Trejo Martínez, hubo una abstención y tres votos nulos.

Antes de la elección, la diputada por Movimiento Ciudadano Silvia López Escoffié fijó su posicionamiento para anular el voto y repetir el procedimiento, porque consideró que ninguno de los candidatos contaba con un perfil humanista, en defensa de los derechos humanos, al igual que dijo que no participaron las asociaciones.

La postura fue refutada por el diputado por el Partido Acción Nacional (PAN), Manuel Díaz Suárez, quien defendió el procedimiento, y se abstuvo de votar, dijo, por conflicto de interés.

En la sesión de ayer también fue electo Sergio Alberto Martínez Cachón como nuevo director del Instituto de Investigaciones Legislativas del Congreso estatal, quien contó con el voto unánime de los 23 diputados presentes y rindió protesta en el mismo acto. Sustituye en el cargo a Ismael Magaña Mata.

En asuntos generales, la diputada por Movimiento Ciudadano Milagros Romero Bastarrachea presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Transporte estatal para dejar atrás, dijo, conductas discriminatorias, y se privilegie la igualdad y el buen trato para todos.

Asimismo, busca que los conductores de los autobuses decidan quién sí y quién no aborda su unidad, así como evitar el mal trato a jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad.

“Muchas de las carencias que hoy presenta el servicio de transporte público se deben, por una parte, a que la ley que lo regula es vieja y ha dejado de tener vigencia luego de 19 años de existencia, y otra a que la visión con que fue creada no estuvo centrada en las necesidades ciudadanas”, dijo Milagros Romero.