La polémica decisión del presidente López Obrador de cancelar el INEE y la actual reforma educativa fue sustentada en el Artículo 3º constitucional, dejando muy claro que es el Estado el rector y gestor de la educación en los niveles básico, medio básico y medio superior.

Aunque dicho Artículo en su fracción II, inciso “d” mandata que la educación “será de calidad, con base en el mejoramiento constante y el máximo logro académico de los educandos…”, en los hechos esto no sucede así, más bien las directrices sobre lo que consideran o llaman calidad educativa tienen componentes políticos, ya que todo factor de cambio estará, primero, determinado por intereses de conveniencia política y económica, es decir, del poder, y no por lo que la ley establece en el Artículo tercero.

Esto es fácil de comprobar, basta con leer la fracción III del mismo Artículo, en la que se manifiestan las disposiciones sobre el ingreso, la promoción, reconocimiento y permanencia en el servicio profesional que se darán por medio de concurso de oposición, mediante los conocimientos y capacidades, pero la verdad es que muy pocos estados se apegaron a este mandato, la mayoría (incluyendo Yucatán) otorgaron plazas y horas de secundaria a familiares y amigos, mediante negociaciones que, evidentemente, se llevan a cabo a puerta cerrada y en función de compromisos partidistas.

En el afán de acabar con el rezago educativo, se satanizó a todos los maestros por los bajos resultados, se les amenazó con el despido sin responsabilidad legal alguna para la SEP, la reforma se centró más en el resultado de la evaluación y no en el seguimiento de quienes salieron con resultados insuficientes.

Politizar la educación resultó peor, porque se promovieron modelos que nada tienen que ver con nuestra realidad; se radicalizan las posturas, se genera violencia y, al final, hay un gran perdedor: el estudiante.

La solución al rezago educativo va por el lado de la excelencia personal e institucional, va por la asignación eficaz de los recursos y no por su desviación, va por la designación de personal preparado y responsable al frente de la gestión educativa (secretarios de Educación y funcionarios).

Los padres deben ser los mejores aliados en la formación de sus hijos y no verdugos de los maestros; se debe dignificar la profesión del docente, quien es, al final, el gestor más idóneo de la educación.

El desarrollo de nuevas tecnologías en un mundo globalizado nos ha dado muchas lecciones, entre ellas, que las cosas no funcionan porque alguien dijo que así debe de ser; durante años, la educación en México ha dependido de las posturas sexenales; reformas van y vienen, modelos se implementan, ya no mediante el ensayo y el error, sino mediante el error y el error y, así, se han elevado a rango constitucional las ocurrencias presidenciales.

Con decretos no se puede educar.