La moneda está en el aire, existen todavía algunas diferencias y desconfianzas que evitan que el T-MEC sea ratificado en el presente año por parte del Congreso de Estados Unidos y el Parlamento de Canadá -el presidente López Obrador ha pedido que se apruebe lo más pronto posible-; sin embargo, son varios los factores que complican su ratificación: por un lado, los demócratas que exigen garantías de que el gobierno mexicano asegure el cumplimiento de la reforma laboral impulsada por el propio Estado; por otro, la complicada situación política en Estados Unidos, en la que un considerable grupo de legisladores demócratas están dispuestos a cambiar favores para lograr los votos necesarios con el objetivo de allanar el camino al impeachment a Donald Trump.

Este punto es el que preocupa a empresarios, ya que, al parecer, los parlamentarios canadienses y los representantes de la cámara baja estadounidenses vinculados con las organizaciones sindicales han colocado sobre la mesa una solución novedosa consistente en formar una comisión trinacional verificadora que revise las condiciones laborales y salariales de los trabajadores de los tres países.

Esto ha llevado a los empresarios a abrir la cartera y proponer un plan B para “rescatar” la economía mexicana a través del Acuerdo Nacional de Inversión en Infraestructura, complementario del Plan Nacional de Infraestructura.

En el caso de que prospere esa solución trinacional, será complicado para muchos patrones violar las normas laborales con las clásicas “ayudas” a los inspectores; el ámbito estará regido por una visión transcultural, que no es acostumbrada por los “negociadores” patronales, ni los “representantes” de los trabajadores. Otro ítem destacable son los derechos de propiedad industrial -principalmente las patentes de medicinas biotecnológicas-, donde los representantes estadounidenses se presume que exigen una mayor vigilancia y vigencia de las explotaciones referidas para evitar la piratería.

Esta condición es fundamental para la generación de una clase media vinculada con el conocimiento; es del dominio público que la mayoría de los empresarios y la población en general evitan pagar los derechos respectivos a los inventores, creadores y desarrolladores.

Estas normativas lucen prometedoras para una modificación del ámbito industrial mexicano y la dispersión de los benéficos, pero la realidad, a mi consideración, es otra, ya que es muy probable que la aplicación de estas medidas esté focalizada en las empresas exportadoras y vinculada con los circuitos industriales ya impulsados con anterioridad.

La situación expuesta llevará a profundizar aún más la brecha entre el México desarrollado y el subdesarrollado. La industria exportadora mexicana ya ofrece mayores salarios y promueve la infraestructura donde está instalada.

Entidades federativas nunca fueron incorporadas al TLCAN y después de 26 años ya se negoció la versión 2.0 bajo el nombre de T-MEC, esto apunta que el más poderoso instrumento del neoliberalismo también es discriminador y poco dispersor.