Las ciencias económicas tienen un área denominada economía pública y dentro de ésta se enmarcan las finanzas del gobierno, que se ocupan del comportamiento de las actividades estatales desarrolladas mediante el presupuesto -nacional, estatal o municipal- y los efectos que éstas producen a través de sus componentes: gasto público e impuestos. Este asunto de cómo acopiar ingresos públicos y en qué gastarlos trasciende el espacio económico e impacta a la sociedad en toda su dimensión.

En economía nada es gratuito y por tanto conviene contar con sistemas de financiamiento que impidan ilusiones financieras que lleven a un endeudamiento indisciplinado, tema sujeto a un amplio esquema de decisión y elección política.

Teóricamente, es desde la economía normativa la mejor manera de comprender la economía pública, que nos advierte que el Estado muestra cuatro fallas en su intervención: a) información limitada: muchas acciones públicas tienen consecuencias complejas y difíciles de prever; b) control limitado sobre los particulares: no controla las consecuencias de sus acciones, por ejemplo, cuando se establece un sistema de beneficios, se ponen de acuerdo entre el proveedor y el usuario en detrimento del Estado; c) control limitado de la burocracia: cuando se establecen leyes, los burócratas casi siempre buscan la forma de sacar ventaja en detrimento del Estado o del usuario; d) limitación impuesta por procesos políticos: aun cuando el Estado esté completamente informado, siempre habrá políticos que busquen beneficiar a determinados grupos de presión o económicos, como cambio para futuros votos o como pago por aportaciones en contiendas electorales pasadas, según sea el caso.

Aunque eso no es suficiente, para resolverlas siempre se debe procurar una alta calidad del sector público, que dependerá de la existencia de controles, mecanismos de coacción, y sobre todo de profesionales honestos y bien calificados.

Las actividades económicas se caracterizan por el intercambio, lo que supone contratos, que pueden ser implícitos -propios de sociedades primitivas y se imponen con códigos morales y sociales- o explícitos, en sociedades modernas, lo que considera instituciones y un contrato social manifiesto.

Esto nos lleva a revisar el artículo 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que norma el endeudamiento de las entidades federativas y establece que “los estados y municipios no podrán contraer obligaciones o empréstitos sino cuando se destinen a inversión pública productiva”; además se exige que la deuda sea aprobada por las dos terceras partes de los diputados locales presentes y que exista un “previo análisis de su destino, capacidad de pago… establecimiento de fuente de pago”. Ante estas condiciones, los ciudadanos de los estados cuyos gobernantes pretenden endeudarse, deben preguntar cuál será el impacto de la política pública expansionista en cada uno de los sectores económicos -a través del análisis de la matriz de insumo-producto estatal- con el objeto de verificar en qué cuantía beneficiará a los sectores realmente locales ese endeudamiento que será pagado por los propios ciudadanos.