El día 12 de este mes de agosto, el PRI realizará su XXII Asamblea Nacional. En ella, el partido antes invencible decidirá las bases políticas y legales generales de su participación en las próximas elecciones.

El marco de lo que formalmente puede decidir este órgano de dirección, es amplísimo. En él caben distintos reclamos internos; desde abrir la elección de candidatos a las bases, enarbolado por Ivonne Ortega, hasta cambiar totalmente los requisitos a cubrir para ser investido como candidato presidencial del tricolor.

La realidad, sin embargo, es distinta. Los extremos de lo posible van de una asamblea al más puro corte soviético, con total unanimidad y ningún debate; a una al uso de los 90s, con algunas voces testimoniales levantando demandas que nunca prosperan.

En lo fundamental, el PRI, con Enrique Peña a la cabeza, va derecho y no se quita. Por lo que desde afuera puede observarse, la valoración interna dominante es que el elevado rechazo de opinión pública con el que ese partido llegará a los próximos comicios se debe a situaciones pasajeras y desventajas coyunturales, derivadas de causas particulares distintas entre sí. Por tanto, de superar la elección estaría en condiciones de remontar la crisis y continuar gobernando, por lo pronto, seis años más.

Es de esperar un amplísimo consenso en los acuerdos de la asamblea. Habrán seguramente de incluir la eliminación de la condición de haber militado en el PRI por diez años para ser su candidato a presidente de la República.

Con ello se permitirá la entrada a la contienda de dos de los favoritos de Peña, José Antonio Meade y Aurelio Nuño. Pero este consenso se sustentará en, al menos, dos bases muy endebles.

Desde la perspectiva interna, la actual cohesión y disciplina del tricolor descansa en la expectativa general de que las muy diversas aspiraciones políticas grupales y personales podrán ser acomodadas y equilibradas por el oficialismo partidista. Su perspectiva en el corto plazo es, con pocas dudas, el resquebrajamiento, pues es materialmente imposible acomodar las demandas en los espacios políticos potencialmente disponibles.

Desde la perspectiva externa, el problema fundamental del PRI son las insatisfactorias condiciones de vida de la mayoría de la población.

El descontento que esto produce no puede ser compensado totalmente por la publicidad y los mensajes públicos y privados de que lo que toca es vivir en la pobreza, so pena de enfurecer a los mercados. El costo electoral de este factor promete ser enorme para el partido hoy gobernante, como hace cinco años lo fue para el PAN.

Hace ya más de treinta años que el PRI, bajo la bandera neoliberal, comenzó un rápido alejamiento de las bases populares que para entonces aún conservaba. Nada en la asamblea que viene apuntará en otra dirección