Hace unos meses, cuando se hablaba de la austeridad, éramos muchos los mexicanos que estábamos de acuerdo; el hartazgo que llevó al presidente López Obrador a la silla presidencial por los excesos de la clase política y sus gastos innecesarios en transportación, telefonía celular, comidas cargadas al erario, viáticos, entre otros, era lo que los mexicanos queríamos que se acabara de una vez. Y en cierto modo sí sucedió así, pero la austeridad sin planeación también es un problema, ya que, si se retira dinero de donde no debe quitarse, nos puede llevar a un derrumbe de la administración pública, incluso más grave que si se gasta de más.

Usemos la siguiente analogía: si tengo un coche de cualquier modelo y quiero llegar a un destino específico, pero tengo mi presupuesto limitado, debo calcular la cantidad de kilómetros para llegar a donde voy y el rendimiento del vehículo y considerar cualquier imprevisto; después sabré cuántos litros de gasolina se requieren y por lo tanto el dinero que debo invertir. En un afán de “ahorrar” puedo reducir los litros de gasolina solo porque “se me ocurre como una buena idea”, aunque probablemente no llegue a mi destino.

En políticas públicas es lo mismo: si se reduce la cantidad de presupuesto de algunas instituciones –o todas como es el caso de esta 4a transformación- estamos destinados a no llegar a nuestro destino. Ahora bien, ¿qué pasaría si aunado a la reducción del presupuesto se eliminara a quien debe vigilar que las instituciones cumplan con su función en la solución de los problemas públicos? Les adelanto la respuesta: se volvería un país que vive de supuestos y percepciones de quienes ostentan el poder, y a quienes además no se les puede cuestionar su actuar.

En nuestro país la institución encargada de vigilar la efectividad de nuestras políticas públicas es el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), el cual es un órgano constitucional autónomo que tiene, entre sus mandatos más relevantes, la medición oficial de la pobreza. Su instauración es producto de años de discusiones históricas promovidas por ciudadanos, académicos y expertos, pero también por los partidos políticos, dirigida a garantizar que México pudiera contar con datos confiables respecto de los avances, estancamientos o retrocesos en materia de combate a la pobreza y problemas sociales. Sin embargo, en la ola de los recortes el Coneval no se ha salvado, es más amenazan con continuar reduciendo su presupuesto, algo que imposibilitará implementar encuestas que puedan dotarnos con datos para la toma de decisiones en la administración pública.

Lo claro es que, sin importar quién esté administrando nuestro país, la premisa –lo que no se cuenta, no cuenta- debe ser una que no olvide en ningún momento el Estado; un país que no vigila a sus instituciones y sus programas públicos está destinado al fracaso social y económico.