09 de Diciembre de 2018

Opinion

La Guardia Nacional

El Poder de la pluma

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En su primer mensaje a la nación, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció oficialmente la creación de la Guardia Nacional, “si lo autorizan el pueblo y el Poder Legislativo”, para enfrentar el grave problema de la inseguridad y la violencia que padecemos.

Esto significa replantear el papel de las fuerzas armadas ante la inoperancia de las corporaciones policiacas.

Las posturas se dividen ante el anuncio: unos consideran que legaliza la intervención de los militares en tareas de seguridad pública, lo que resulta inaceptable, y otros que, a pesar de la participación de los militares y de que éstos tendrán el mando operativo de la Guardia Nacional, la conducción de la seguridad será de carácter civil dado que el Ejecutivo mantendrá el mando supremo.

El Plan Nacional de Paz y Seguridad presentado por el gobierno federal es un buen catálogo: erradicar la corrupción, garantizar empleo, educación, salud y bienestar, pleno respeto y promoción de los derechos humanos, reformulación del combate a las drogas, la construcción de la paz y recuperación y dignificación de las cárceles.

Todo indica que la pacificación de México es un plan de buenas intenciones, ya que nunca se ocupa de desarrollar y mostrar las estrategias, no describe cómo lograr los objetivos, ni las acciones concretas, ni tampoco hace mención de los diagnósticos y evidencias que sustentan sus propuestas.

Los fines son atendibles, los medios no quedan claros, ni existen indicadores para poder analizar y evaluar avances de nuevas políticas públicas.

Por si esto fuera poco, el presidente López Obrador pide una reforma constitucional al Congreso para crear, con la integración de la Policía Militar, Policía Naval y la Policía Federal, la Guardia Nacional que asumirá tareas de seguridad pública, pero esta propuesta que no deja de ser polémica, pues se tienen evidencias sobre denuncias de que el ejército no respeta las derechos humanos.

En el Seminario sobre Violencia y Paz que realiza el Colegio de México, la Dra. Elena Azola expone que si uno revisa los informes que anualmente rinde la CNDH puede constatar que de 2006 a la fecha integrantes de las fuerzas armadas han sido señalados como responsables del 70% de los casos de desaparición forzada, tortura y ejecuciones extrajudiciales.

Pero además existe desconfianza del presidente hacia la Policía Federal.
A todo esto, se vislumbra que las organizaciones criminales más poderosas aprovecharán las confusiones y rivalidades institucionales que está provocando el nuevo gobierno y que la contratación y capacitación, sobre todos a los jóvenes, llevará tiempo antes de que puedan mostrar eficiencia para enfrentar a un crimen organizado histórico y arraigado en algunas comunidades, en donde incluso ha sustituido al Estado.

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