En el combate al crimen organizado en su expresión de narcotráfico, llaman mucho la atención dos declaraciones, la primera de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, al reconocer que “nuestra mariguana es de las mejores del mundo”, y la segunda es la presentación de la estrategia nacional de prevención de adiciones a cargo de Jesús Ramírez Cuevas, vocero de la Presidencia.

La declaración de la responsable de la política interna del país cobra relevancia, ya que reconoce la existencia de agricultores, campesinos, comerciantes y distribuidores dedicados a producir y vender mariguana, así como un mercado doméstico que cuenta con gran capacidad logística para distribuir internamente y exportar la yerba.

La etapa de la negación que se vivió por muchos sexenios se despeja y anticipa las posibles bases legales para los que están inmersos en la cadena de producción de la mariguana como una actividad agrícola y puede generar equidad económica para todos los participantes, ya que por ser una labor sin ninguna regulación solo los grandes agricultores ilegales reciben el beneficio económico. También se reconoce que algunos pueblos originarios en su cosmovisión utilizaron para fines religiosos y curativos peyote, hongos y mariguana.

Está asimismo la posibilidad de obtener ingresos a través del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y se manda un mensaje a los implicados de que se les va a reconocer su actividad agrícola e industrial con la finalidad de bajar los índices de violencia con la que se rige el narcotráfico.

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha advertido que en su gobierno no tolerará la corrupción, de modo que la relación con las grandes organizaciones dedicadas al cultivo de la mariguana se realizará de manera legal; en otras palabras, la recolecta ilegal de dinero por elementos de seguridad del Estado entre los principales narcotraficantes será cosa del pasado.

Por otra parte, será interesante ver cómo se realizará la Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones, en donde, según datos revelados por Jesús Ramírez, vocero de la Presidencia, solo entre los años 2002 y 2017 aumentó 300% el consumo de drogas ilegales. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Adicciones, México tiene 2.2 millones de consumidores de sustancias ilegales, de los cuales 230 mil son niños y adolescentes.

Con estos datos e información sería la segunda vez en el país que se dejara de criminalizar al consumidor -la anterior fue en la administración del general Lázaro Cárdenas- para verlos como enfermos adictos, y la prevención será importante si se realiza desde los libros de texto en la educación elemental y en la media y superior.

Solo así se logrará una efectiva campaña de prevención.