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El gobierno federal plantea cambiar el modelo de combate al narcotráfico, levantando la prohibición de sustancias que actualmente son ilícitas, como está plasmado en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024, en su primer capítulo “Política y Gobierno” y en el inciso quinto “Reformular el combate a las drogas”.

“En materia de estupefacientes, la estrategia prohibicionista es ya insostenible... criminaliza de manera inevitable a consumidores y reduce sus probabilidades de reinserción social y rehabilitación... La alternativa es que el Estado renuncie a la pretensión de combatir las adicciones mediante la prohibición… y se dedique a mantener bajo control las de quienes ya la padecen, mediante el seguimiento clínico y el suministro de dosis con prescripción para, en segundo paso, ofrecerles tratamientos de desintoxicación personalizados y bajo supervisión médica. La única posibilidad real de reducir los niveles de consumo de drogas reside en levantar la prohibición… y reorientar los recursos destinados a combatir su trasiego y aplicarlos en programas de reinserción y desintoxicación”.

Para poner en marcha la estrategia de desintoxicar a los adictos, el Estado mexicano se tiene que plantear qué sustancias va a utilizar, a quién se las va comprar y cómo podría ser la distribución de los enervantes para que lleguen a sus destinatarios.

En la investigación “La política de drogas en México: causa de una tragedia nacional”, cuya autoría es de un colectivo en el que están el ex presidente Ernesto Zedillo, Catalina Pérez Correa, Alejandro Madrazo y Fernanda Alonzo, se plantea avanzar hacia el establecimiento de sistemas legales y bien regulados que permitan a las personas acceder a drogas de manera legal, comenzando con el cannabis y luego las demás, ya que de no hacerlo el crimen organizado seguiría controlando el gran mercado negro.

Proponen tres modelos: el primero es de orientación comercial y bajo este sistema el cultivo, producción, distribución y venta estaría a cargo del sector privado sujeto a leyes y reglamentos; su principal desventaja es que habría una industria cuya principal preocupación sería la maximización de utilidades. La segunda es el monopolio estatal, igual que en Uruguay, y el Estado sería responsable de cada paso en la cadena de producción; la desventaja es si no hay suficiente producción o si el producto no es de buena calidad algunos usuarios regresarían al mercado negro. El tercer modelo es mixto: un monopolio gubernamental sobre la venta, pero que permita la producción privada y la distribución de minoristas a través de franquicias.

El crimen organizado, sin embargo, no renunciará fácilmente a una actividad que le deja millones de dólares y de la que dependen el tráfico de armas, grandes capitales, industria química, transporte y tecnología.