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Este 5 de agosto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) nos sorprendió con la legalización de facto del aborto en todo México; ya no será técnicamente competencia del Poder Legislativo, que tiene en su haber la voluntad del pueblo que representan, sino que el Poder Judicial se ha tomado esta atribución, pues así lo ha demostrado con la resolución de las controversias constitucionales 45/2016 y 53/2016 dadas a conocer en el comunicado No. 109/2019, en el que dicen proteger los derechos de mujeres y niñas víctimas de violación, pero dejan fuera la protección de la vida del ser más indefenso en el vientre de su madre.

No solo sorprende la noticia, sino nos deja con una profunda tristeza y a la vez indignación porque al bebé en gestación se le condena a la pena capital, al violador se le otorga impunidad y a los padres de familia se les viola el derecho como tutores de menores de edad si sus hijos tienen de 13 a 18 años.

Lo único que le ha quedado a los médicos que protegen la vida es la oportunidad de ser objetores de conciencia y oponerse al procedimiento de matar al concebido.

Ocho ministros de once consideraron que sin que medie ninguna clase de prueba para verificar si existió o no el delito de violación, la mujer acuda a solicitar el aborto bajo el nombre disfrazado de interrupción voluntaria del embarazo.

Solo será necesaria la previa solicitud por escrito de la afectada “bajo protesta de decir verdad” y conforme a los casos permitidos por ley y disposiciones jurídicas de protección a los derechos de las víctimas.

En realidad estas palabras sobran, pues el permiso para matar se ha concedido tan fácilmente que baste decir que fueron violadas, ya que el personal de salud que participe no estará obligado a verificar el dicho de la solicitante y se ha eliminado el requisito de la autorización previa de la autoridad competente.

Todos los hospitales públicos estarán obligados a tener entre su personal a médicos a quienes no les importe acabar con la vida de estos bebés, y a esta generación se les llama elegantemente “médicos no objetores”.

Es increíble que esta NOM-046-SSA2-2005. “Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención”, que dicho sea de paso en el orden jurídico no es ley que haya contado con el apoyo de la Suprema Corte de Justicia para que so pretexto de ajustarla a la Ley General de Víctimas hayan logrado garantizar el aborto para todo el país sin importar que éste sea un delito para todo México. A partir de ahora el delito de aborto es letra muerta en el Código Penal Federal y en los códigos penales estatales.

Toda esta maquinaria abortista ha quedado al descubierto, pues no nos engañan con las triquiñuelas de “interrupción voluntaria del embarazo que no es aborto”, que es solo para “víctimas de violación”, que no es viable denunciar para no “revictimizar” a las mujeres, etc. Es bien sabido que quienes han quedado embarazadas por violación son las menos y que ahora cualquiera podrá esgrimir esta causa.

Si de verdad les importara atender a las víctimas, tendrían que ocuparse en primer lugar de la más indefensa que no tiene culpa alguna, después brindar atención médica y psicológica a la mujer violada, y para ello tendría que ver a su victimario enfrentar un proceso judicial para pagar por su delito; y si ella es menor de edad, los padres tienen todo el derecho de acompañarle.

¡Descansen en paz los futuros ciudadanos mexicanos! esta pobreza espiritual a largo plazo pondrá en riesgo el futuro del país.

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