No todos los delitos que ocurren se denuncian ante el Ministerio Público y muchos menos empiezan a ser investigados por la autoridad ministerial.

Esto se debe, en principio, a que prevalece la llamada cifra negra, es decir, los delitos que ocurren y que no son denunciados ante el MP o fiscalías estatales o federales, que son los órganos que reciben, procesan e investigan las denuncias para, en su caso, llevarlas hasta los poderes judiciales en donde deben ejercer su facultad de investigación y acusación para que los jueces resuelvan.

De acuerdo con datos del subsistema nacional de información de gobierno, seguridad pública e impartición de justicia del Instituto Nacional de Geografía e Informática (Inegi), presentados hace unos días por el vicepresidente del Instituto Adrián Franco Barrios, en 2018 en Yucatán la cifra negra fue de 92.5% y en el país de 93.2%.

Es decir, de 422,091 delitos que se calcula ocurrieron en nuestro estado el año pasado, sólo 7.5%, unos 31,656 delitos, fueron denunciados.

Las personas valoran todo tipo de cuestiones para denunciar o no. El Inegi menciona que, a nivel nacional, las principales causas de la no denuncia en 2018 fueron: pérdida de tiempo, desconfianza en la autoridad, delito de poca importancia, trámites largos y difíciles y falta de pruebas.

De acuerdo con las mismas cifras, el Ministerio Público inició en 2018, en nuestro estado, la investigación de 15,590 delitos; es decir, 49% de los ilícitos denunciados y 3.6% de los que ocurrieron y que incluye los no denunciados, o sea, la cifra negra.

La mayoría de los delitos sobre los que el MP abrió una carpeta de investigación en Yucatán (sin contar el sistema de adolescentes) son amenazas (17.6%), violencia familiar (10.3%) y robo (9.3%).

El Inegi también revela en sus cifras lo que el MP hizo con estas carpetas de investigación: en 41% de los casos decidió archivarlas temporalmente, lo que es una facultad prevista en el Código Nacional de Procedimientos Penales, pero que debe estar justificada para que no genere impunidad. Se supone que, para archivar temporalmente un caso, el MP no tuvo datos o indicios suficientes para avanzar en la investigación. Se supone también que, en caso de llegar a tener indicios, el MP debería desarchivar estos casos e investigarlos.

Los datos también revelan que en 17% de los delitos el MP ejerció la acción penal; es decir, continuó la investigación.

Al Poder Judicial la Fiscalía le envió 788 casos en 2018 y los principales no fueron necesariamente sobre los que más investigaciones había abierto. De acuerdo con los datos del Inegi, los casos que se iniciaron en los juzgados de control del sistema penal de Yucatán fueron robo, narcomenudeo, lesiones y homicidio.